- La entrega de las iPads que se llevaron los diputados de la LXI Legislatura son banalidades, la exigencia debería ser referente a la administración de los recursos del Congreso
La entrega de las tabletas electrónicas de dominio iPad que se llevaron los diputados de la LXI Legislatura son banalidades, la exigencia debería ser referente a la administración general de los más de 500 millones de pesos que se gastaron en el Congreso, expresó el dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) Jesús Enrique Ramírez.
“Para evitar más robos en el Congreso que se transparenten mejor los recursos, en lugar de discutir sobre las iPads o sobre los iPhone o sobre los carros deberíamos pedirles cuentas sobre los más de 500 millones de pesos que se gastaron y repartieron entre los 27 diputados de la pasada legislatura”.
Se pronunció a favor de la desaparición de la figura de sesiones privadas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, las cuales prohíben la divulgación de los temas tratados y son registradas en libros independientes, pues dijo son en ellas cuando se decide el destino de los recursos económicos de la población.
“El asunto es que durante la celebración de estas sesiones privadas o secretas es donde fue acordada la distribución del presupuesto del Congreso del Estado y por la ley también les impiden que esto que ahí se acuerda sea dado a conocer”.
Señaló que ahí es donde se acordó la canalización del presupuesto a los 27 legisladores, y en caso de tener sobrantes es repartido entre ellos, “es ahí en el secreto, en lo oscurito en donde los diputados suelen repartirse los millones de pesos del presupuesto”.
El dirigente estatal de la CROM retó a los nuevos legisladores a modificar la Ley Orgánica y eliminar las sesiones privadas así como aclarar los contenidos de las que ya se celebraron “reto a los actuales diputados locales a divulgar lo que anteriores legislaturas han acordado en esas sesiones secretas o privadas y que reformen la propia ley” con lo que dijo será un paso a una nueva era de transparencia de los recursos públicos ejercidos por los legisladores.
