- Considera Ignacio Ruelas Olvera que no es un tiempo corto, sino una exigencia que los representantes deben de cumplir
- Critica cuestiones como el umbral de los partidos, las facultades discrecionales que tendrá el INE, y la innecesaria autonomía del Coneval
Hace una semana daba inicio el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con la puntual encomienda de sacar adelante la legislación secundaria y reglamentaria de las Reformas estructurales, entre ellas lo concerniente a la Reforma Política, misma que según se sabe tendría hasta el mes de mayo del presente para poder ser aplicada en los comicios federales de 2015, tanto a nivel local en algunos estados, como a nivel federal.
Al respecto cuestionamos a Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE), quien respondió que los legisladores estarán obligados a aprobar dichas modificaciones legales antes del mes de mayo, algo que consideró, no es un tiempo corto, tomando en cuenta la formación y responsabilidad de los legisladores pagados del erario.
Indicó también que el hecho de que se apruebe a más tardar antes del mes de mayo, es para que pueda ser aplicable a los siguientes comicios; asimismo dio cuenta de la exigencia que debe de emitir el ciudadano para que el representante ante el Congreso de la Unión cumpla con ello.
Además, adelantó que seguramente el contenido, discusión y aprobación serán el resultado de consenso entre partidos a través de un trabajo discreto, más no secreto, relacionándose estrechamente con la Reforma de 2007-2008, en la que se utilizó una estrategia similar para evitar la injerencia de grupos fácticos o grupos de poder y presión.
Ruelas Olvera dio a conocer los principales puntos en los que se basarían las modificaciones legales y electorales, entre las que destacó: el sustento de la reelección como forma de acumulación de experiencia; el surgimiento del gobierno de coalición como respuesta a la falta de consenso, e inclusión de las minoría; la conversión de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía, garantizando así, dijo, la autonomía y despolitización de la impartición de la justicia; el cambio de la toma de posesión del mandato presidencial para disminuir el periodo de desgaste entre la figura de electo y constitucional, y finalmente la garantía de establecer límites a la libertad de expresión con la finalidad de poner en primer lugar la integridad de la persona, anticipando con ello una disminución en el número de litigios emanados de discursos políticos y mensajes con denuestos.
En contraparte, criticó la modificación que sufriría el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para brindarle autonomía; argumentó que la modificación no tenía razón de ser debido a que ya se ejercía un trabajo profesional.
También estableció que la propuesta de aumentar el umbral para conservación de registro de los partidos del dos al tres por ciento mitiga la representación de las minorías, ya que muchas fuerzas políticas se quedarían en el camino, resultando sumamente difícil conseguir el dos por ciento dada la naturaleza de la competencia electoral con partidos con mayores votos y recursos, por lo que destacó, “en lugar de desaparecerlos lo que debe quedar claro son las prerrogativas”
Como último punto hizo referencia a las llamadas “facultades discrecionales y potestativas” con las que contará el Instituto Nacional de Elecciones (INE) ya que, desde su percepción, resulta altamente preocupante que dicha institución determine si atrae o no, y bien si devuelve esa facultad al organismo local, o bien si la conserva para sí. Cuestión que Ruelas Olvera calificó como una falta de seriedad, que ya se había presentado en la Reforma de 2007 pero que no había sido utilizada, anticipando que espera no sea necesario recurrir a ella.
Foto: Roberto Guerra
