Actualmente, la mayoría de los países de América Latina, enfrentan una discusión sobre las reformas fiscales que se consideran necesarias para potenciar su desarrollo. Es alarmante que esta discusión lleve tanto tiempo presentando vicios disfrazados de tecnicismos. Así pues, en este breve texto discutimos la importancia de lo político en los diseños e implementaciones de reformas fiscales. El texto de hoy pretende dejar al lector la inquietud de por qué los temas fiscales no deben ser sólo un tema técnico-económico, sino también son un tema político.
América Latina es considerada como una región pequeña en términos fiscales. Esto significa que a grandes rasgos se generan pocos ingresos públicos y se ejerce poco gasto social y de infraestructura.
Detrás del juicio anterior, existe un debate teórico en el que por un lado hay posturas que señalan que la intervención del estado en cuestiones fiscales distorsionan los mercados, desincentiva el esfuerzo individual y por lo tanto merman la productividad de un Estado. Por otro lado, se señala que la intervención del Estado es necesaria debido a que existen imperfecciones de los mercados que se deben corregir, así como bienes necesarios que no se proveen a toda la población y que por lo tanto el Estado se tendría que hacer cargo.
En la realidad, los gobiernos de nuestra región enfrentan un problema grave de legitimidad. La credibilidad de los ciudadanos en los gobiernos de América Latina se ha visto reducida debido a falencias institucionales que han afectado su desarrollo (corrupción, desigualdad, monopolios, etcétera). Esta falta de credibilidad se refleja en dos dimensiones: los ciudadanos no están dispuestos a contribuir con las haciendas públicas y por ende las instituciones fiscales no generan los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la población (incluso ni por medio de endeudamiento, ya que ahora el mercado es quien te califica y te dice si lo haces bien o mal).
Otro punto importante es la distribución asimétrica del poder. La región está repleta de privilegios para individuos y corporaciones dentro del proceso de toma de decisiones relacionadas a la política fiscal. Las elites desafortunadamente aún representan una arista determinante en el diseño fiscal de nuestros países.
No podemos dejar de lado el bombardeo de recomendaciones de política provenientes de los Organismos Internacionales. Éstas giran en torno a mayor inversión en infraestructura, cobro de tributos progresivos pero sin dejar a un lado la eficiencia (paradoja que claramente no ha sido resuelta) y el gasto en programas sociales con una lógica individualista (si el individuo clasificado como pobre demuestra que va a la escuela y come bien, sin importar el otro, entonces se le da la transferencia económica). Asimismo, de acuerdo al contexto, estas instituciones abren el debate respecto a lo pro o anti cíclico del actuar de los gobiernos. Que si en recesión gastar más y en crecimiento ahorrar, que si en recesión ser austeros y esperar la bonanza para ahora sí gastar, son las posturas que rezumban en los oídos de nuestros gobernantes.
Las reformas fiscales que se discuten y en algunos países de nuestra región ya se implementan, requieren de un análisis que vaya más allá de lo técnico, de lo eficiente. Las decisiones de política fiscal tienen un peso totalmente político, afectan (para bien o para mal) al ciudadano, transforman su realidad. Las reformas tributarias urgen de un análisis político que permita adentrarnos más en las decisiones, que al final son decisiones que inciden directamente en nuestra calidad de vida, en los conflictos y en las frustraciones que como ciudadanos enfrentamos diariamente.
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