- Las impugnaciones procederían mediante un portafolio de evidencias
- Recomendaciones y resultados serían datos personales, dice la iniciativa de Acción Nacional
Como parte del proceso de armonización de la Reforma Educativa con la legislación estatal, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para crear “un Comité de Transparencia que tendrá por objeto vigilar los procesos de evaluación” dispuestos por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Las evaluaciones, dicen los firmantes, deberán estar rematadas por los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad.
La Ley General del Servicio Profesional Docente prevé reubicaciones después de tres exámenes insatisfactorios.
El organismo propuesto por el blanquiazul estaría integrado por el titular del área jurídica del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, así como por representantes de escuelas públicas por zona, nivel y modalidad educativa, y por asociaciones civiles del ramo.
Como parte de un Sistema Estatal de Evaluación Educativa, entre las facultades de este Comité de Transparencia también estarían las de “detectar y recibir inconformidades de los evaluados y turnarlas a las autoridades competentes para su conocimiento y resolución”.
Se concede un derecho de revisión a los profesores que adviertan yerros. Los quejosos podrán impugnar a través de un portafolio de evidencias y de las hojas de respuesta de los exámenes a que se hayan sometido.
Los diputados panistas han sugerido diversas modificaciones a la Constitución Política y a Ley de Educación para el Estado. Dentro de ellas se señala que tanto recomendaciones como resultados de evaluación serán considerados como datos personales.
“Los evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación darán a conocer a los docentes de manera personal, los reportes que contengan las fortalezas y debilidades de su desempeño docente, para poder hacer las adecuaciones en su práctica que permita mejorar la calidad de la educación”.
No obstante se añade que el Instituto de Educación sí deberá dar a conocer, a la sociedad en general, el producto global de las examinaciones a docentes y directivos. La información deberá ser presentada de modo estadístico.
La iniciativa panista fue llevada al Pleno la semana pasada, entre algunos señalamientos por la tardanza para iniciar una etapa de armonización de leyes que deberá quedar terminada este martes 11 de marzo.
La evaluación, llevada a cabo por “expertos y profesionales de la educación”, añaden los promoventes, “deberá ser sistemática, integral, obligatoria y periódica, debiendo comprender el funcionamiento de las instituciones, particularmente las escuelas, los programas educativos, el currículum, la infraestructura y los materiales educativos, el aprendizaje de los alumnos, la función docente y directiva, los programas especiales; así como las políticas educativas”.
Foto: Gilberto Barrón
