- Las evaluaciones le corresponden al Secretariado Ejecutivo Nacional
- Desconozco si el general Bahena pueda ocupar la dirección del C3: Reynoso Talamantes
Sergio Reynoso Talamantes, secretario de Gobierno, aclaró que a pesar de que el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), pasó a su secretaría, éste sólo evaluará a los funcionarios de jerarquía inferior y apuntó que la vigilancia del procurador de Justicia, del secretario de Seguridad Pública y de él mismo, está a cargo del Secretariado Ejecutivo Nacional, el cual depende de la Secretaría de Gobernación.
Respecto a la posibilidad de que el general Eduardo Bahena Pineda, actual coordinador de asesores en el Gobierno del Estado, ocupe la dirección del C3, Reynoso Talamantes declaró desconocer esa situación, “no lo sé, lo único que sé, es el trascendido de la autorización y publicación que se va a hacer de las modificaciones hechas a la Ley Orgánica en este sentido, y sí, efectivamente confirmo que el Centro de Evaluación y Control de Confianza, pasa a ser de la Secretaría de Gobierno y cuidaremos que se mantenga en los primeros niveles, como lo está en este momento.
Agregó que en este momento hay un encargado del C3, el cual es una persona que se ha preparado y que lo ha llevado en muy buenas condiciones, “y obviamente la situación es que pueda continuar en las mismas características”, el general Bahena es un encargo específico del gobernador y solamente el gobernador es el que pudiera moverlo a otro puesto.
En otro tema, el secretario de Gobierno comentó respecto al caso de los miembros de La Familia que fueron liberados por el Poder Judicial, ya que se encontraron anomalías en el proceso de detención, que la situación del justo proceso en la evaluación que hace la Suprema Corte es de estimarse y fortalece la obligación que tienen de perseguir delitos, para así ser más cautelosos en los procedimientos.
Sin embargo, lamentó que se ha visto con tristeza y abandono por parte de algunos magistrados de los Tribunales Colegiados en los juzgados de distrito, “la situación de una premisa fundamental que es, el aplicar justicia porque la gente así lo está pidiendo y obviamente, a veces la situación de pequeños errores en el justo proceso son los que hacen que se tenga la necesidad de aplicar normas, que la Constitución efectivamente les señala como derecho a una situación de delincuentes”.
Concluyó que esto no quita la necesidad de que el fiscal, como en el caso de nuestro estado, sea una persona dedicada a continuar en la persecución, y en la situación específica de este grupo delictivo, no por la situación de su proceso deba quedar impune.
