- Preparan Organizaciones Civiles protocolos para las investigación de personas desaparecidas, feminicidios y violencia de género
- Urgen medidas de prevención del delito, así como de atención integral a las víctimas y familiares
Al ser la desaparición forzada de personas una de las peores violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos, organizaciones civiles se conjuntaron en una Red de Organizaciones en Búsqueda de Personas en Aguascalientes en consecuencia por la falta de atención de las autoridades a las víctimas y sus familiares.
La mañana de ayer, representantes de esta red reiteraron su llamado a la Procuraduría General de Justicia, Ministerios Públicos, Seguridad Pública, gobiernos municipales y al estatal a intensificar la búsqueda e implementar medidas de seguridad para la población, así como campañas de prevención del delito, “la desaparición de personas no es una situación normal en un estado de derecho, sino que es la abrupta interrupción de la normalidad de la sociedad y esto empeora ante los débiles esfuerzos del Estado por brindar justicia”.
Durante su manifiesto, exteriorizaron la indignación de las familias de las víctimas al observar que la autoridad es en la mayoría de los casos, quien sugiere algún tipo de culpa de las víctimas por su desaparición; además de no contar con las herramientas indispensables para agilizar la búsqueda y encontrar con vida a las víctimas.
Las organizaciones demandan que se reconozca la necesidad y se lleve a la práctica, la atención integral de los familiares y dependientes económicos de las víctimas de desaparición, ya que enfrentar una situación de tal naturaleza, vulnera la estabilidad de las familias, “ya se reconoce que existen más de 23 mil personas desaparecidas en el país, delito que lesiona gravemente la institucionalidad y el estado de derecho”.
A nombre de la asociación También es Nuestra Causa (Tanuc), María del Refugio Martínez lamentó que cuando las familias denuncian la desaparición de alguno de sus integrantes, los agentes del Ministerio Público y funcionarios de Seguridad Pública no actúan con la sensibilidad que se requiere cayendo en la revictimización y violación a los derechos constitucionales de un ciudadano, “a pesar de las solicitudes de los familiares, no se localizan de manera oportuna, los teléfonos celulares de las víctimas se les olvida ni se controlan los movimientos en sus cuentas bancarias, no se obtienen las grabaciones de cámaras de seguridad, ni tampoco se adoptan otras medidas que sólo son efectivas dentro de un determinado plazo”.
En conjunto, se hizo un llamado a las autoridades del estado y a la población en general a que se percaten de la realidad que hay en Aguascalientes, y por lo tanto a generar medidas pertinentes para la atención y erradicación de este tipo de problemas sociales; una de sus propuestas fue crear protocolos de actuación adecuados a la legalidad federal y estatal.
Desde que inició el año, en la única reunión que se ejecutó con el procurador del Estado, Mariana Ávila, representante de la Colectiva Feminista y del Observatorio de Violencia Social y de Género, recordó haberles mostrado borradores de los supuestos protocolos para investigación de personas desaparecidas, feminicidios y de violencia de género; sin embargo, posterior al encuentro se quebró el contacto por ideologías políticas de parte del funcionario; al solicitar la información vía Transparencia la respuesta fue: “están en construcción”.
Por consiguiente, las organizaciones civiles decidieron comenzar a trabajar en los propios con grupos de expertos en el tema, tales como Mujer Contemporánea, Asociación Estatal de Sicólogos, V de Violeta y abogados especialistas en el área con la finalidad de desarrollar un protocolo claro y conciso, donde se indique paso a paso lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, con base en instrumentos y herramientas para el llenado de la información, para cuando una personas denuncie la desaparición de otra.
Una vez concluidos los protocolos se pretende presentarlos ante las autoridades, tanto de la PGJ, como del Poder Legislativo, ya que se buscará que a nivel legislativo se haga obligatorio el uso de protocolos con perspectiva de género en estos rubros; Ávila aclaró que estos protocolos no son “terquedad” de las organizaciones civiles, sino un trabajo de armonización de los protocolos internacionales y nacionales con el Código Penal del estado; tal es el caso de la denominación del concepto “desaparición”, pues en Aguascalientes sólo está la desaparición forzada, mientras que en protocolos internacionales se especifica que antes de las 24 horas se le llama alerta por desaparición y las autoridades deben movilizarse para encontrar a la persona, pasadas las 24 horas ya se considera una desaparición forzada.
