- El defensor de derechos humanos señaló que la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es insuficiente para garantizar debidos procesos y respeto a derechos.
- Como miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia criticó que las procuradurías estén más preocupadas por las detenciones que por los derechos humanos
- Fundamental revisar cómo se distribuyen los recursos en las dependencias: Cortez Morales
Para Edgar Cortez Morales, histórico defensor de los derechos humanos en México y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, es inevitable realizar cambios en el sistema de justicia mexicano, transformación que dijo, no será a corto plazo sino a mediano, e involucra una serie de factores relacionados con la formación de los miembros de las instituciones de procuración de justicia.
El investigador especialista en temas de derechos humanos aseveró que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es insuficiente para garantizar que se lleve a cabo el debido proceso en los diferentes casos, aunado a la necesidad de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos.
Criticó el diseño original al que se sometió a las procuradurías de justicia, hechas para la persecución de los delitos sin importar nada más, ni el respeto de los derechos humanos, sino la eficacia en el ejercicio de las detenciones, fenómeno que consideró, ya no se puede manifestar más, enfatizando en la necesidad de un cambio en el funcionamiento de las instituciones, para que por un lado, dijo, continúen trabajando de manera efectiva pero no hagan dicha labor contrario a los derechos humanos.
Cortez Morales ejemplificó el fenómeno citado con el caso de la Ciudad de México, donde detalló, se ha implementado un incentivo para policías judiciales, por cada detención que realicen, pero lamentó que sin el acompañamiento de un control, dicha práctica sea contraria al respeto de los derechos humanos, tomando en cuenta un contexto como el actual, donde las detenciones arbitrarias, con exceso de violencia, han ido incrementándose, producto del énfasis que ha puesto el Gobierno en generar cifras, en lugar de resolver los problemas.
El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia habló de la necesidad de revisar en cada dependencia gubernamental la forma en la que se difunde el respeto a los derechos humanos, para evaluar los resultados obtenidos en dicha formación, así como garantizar las sanciones correspondientes para aquellos elementos que hayan sido partícipes de conductas que violentaron esas garantías.
Respecto a la cuestión presupuestal, expuso que cada año se ha incrementado el presupuesto en seguridad y justicia, fenómeno manifiesto desde hace 15 años atrás, razón por la que negó que sea una cuestión de ausencia de recursos. En lugar de ello, advirtió, se requiere revisar donde se han utilizado los presupuestos, ya que la mayoría de las corporaciones se ha preocupado más por la infraestructura que por la formación del personal y la generación de elementos competentes, como una policía de investigación, servicios periciales y servicios médicos forenses eficientes.
Al mismo fenómeno, sentenció, se ha enfrentado la implementación de los Juicios Orales en el país, ya que existe una falta de planeación general, donde cada estado ha destinado cifras diferentes, llevando un avance dispar.
