- Se propondrá hacerlo entre enero y febrero, menciona Martín Orozco
- Ni la iniciativa panista ni el decálogo de Enrique Peña Nieto resuelven los problemas de corrupción en México
Hoy, en el Senado, se determinará si el nuevo sistema anticorrupción es desahogado en un periodo extraordinario de sesiones. Martín Orozco Sandoval dijo que ni el decálogo del presidente de la República ni la iniciativa panista resuelven el conflicto, y adelantó que su bancada, la de Acción Nacional, se opondrá a que el asunto sea finiquitado “al vapor”.
“Lo que vamos a hacer es no acelerar los tiempos, no aventarnos un periodo extraordinario a la ligera porque los temas no son sencillos, son fundamentales para el país… hay que mandarlo a enero o febrero, no a un periodo (extraordinario) en este momento. Seguramente vamos a coincidir varios senadores del grupo”.
Consideró que se desarrollará “un debate fuerte” en la cámara toda vez que desde la semana pasada se sabe sobre la “amenaza” de un periodo extraordinario.
Orozco expuso que el grupo parlamentario no conoce a fondo la iniciativa presidencial, hoy en manos de la diputación federal.
“Un tema tan importante como es el sistema anticorrupción no lo puedes conocer en una semana para que el día 16 se haga un periodo extraordinario. Vamos a tratar de frenarla hasta el próximo año porque no está funcionando. Comentaban si realmente se está viendo al Poder Judicial y al Poder Legislativo, parece que en la ley se está tratando solamente al Poder Ejecutivo, no lo va a resolver, no solamente ahí hay temas de corrupción. Esto va en paralelo con el decálogo del presidente, como si los alcaldes fueran los únicos corruptos para venir a tronar un municipio. ¿Cuál es el objetivo de sacarlo al vapor de la noche a la mañana?”.
–¿Conseguirán mayoría?
–Seguro. En el grupo sí, ese es un trabajo del propio coordinador, la semana pasada hubo muchas voces en el propio grupo: no tiene que haber un periodo extraordinario. Seguramente mañana (hoy) sigue el debate.
“En la Junta de Coordinación Política tendrá que llegarse a un acuerdo. Si llega nuestro coordinador Preciado con el tema de que el grupo no quiere, no se hace. Creo que ellos lo van a entender, lo va a entender Emilio Gamboa, lo debe entender el senador Barbosa. No es un tema de la noche a la mañana”.
Eileen Matus Calleros, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que para combatir la corrupción se requiere de “ciertos elementos mínimos”, tales como un órgano, una comisión o un tribunal encargado de la materia.
“Nosotros propusimos que no solamente se debía sancionar, sino que tenía que haber un elemento de prevención que nos sirviera para que la investigación y la posterior sanción fuera eficiente. Pensábamos que una comisión que tuviera la facultad de hacer fincamiento de responsabilidades” debería distinguir entre la responsabilidad individual e institucional.
El CIDE sugirió a los legisladores que dicho órgano operara de oficio, a través de denuncias ciudadanas, y con facultades para atraer indagatorias por casos de corrupción con los recursos públicos.
“También tenía una facultad de recomendación, (se pedía) que sus recomendaciones fueran vinculantes para la institución, para que de esta manera se creara un modo de inteligencia institucional en donde dentro de la institución se pudieran corregir los problemas que se habían detectado y que se repetían con responsabilidades graves”.
El CIDE además propuso que la Fiscalía Anticorrupción se constituyera como un órgano autónomo.
“Las iniciativas actuales plantean igualmente el combate a la corrupción por medio del fortalecimiento de ciertas instituciones que ya existen. Creo que se debe tomar en cuenta de qué manera el (hecho de) solamente fortalecer puede ayudarnos a combatir directamente la corrupción. Hay que tener en cuenta que es un problema muy grave, si se está tratando de diseñar una comisión o un tribunal de este tipo merece el estudio de ciertos puntos, queremos crearlo para que en efecto haya una disminución de la corrupción”.
–¿Qué hay de los sujetos obligados, sindicatos y partidos?
–Se prevé que a los particulares también se les pueda sancionar por actos de corrupción. No solamente a los servidores, sino a los particulares que también pueden llegar a corromper y a formar parte de este proceso.
–¿Dónde queda la Secretaría de la Función Pública?
–Quedaría allí, pero fortalecida, en las nuevas iniciativas se prevé que siga existiendo. Nosotros planteábamos que se tendría que reconfigurar su naturaleza para que pueda encajar en la necesidad del combate a la corrupción.
