- Se reúne el titular de la CEDH con el Congreso local para detallar inquietudes del informe de actividades
- De once recomendaciones sólo dos no fueron aceptadas, el resto están en proceso de solventarse
En busca de resolver algunas dudas generadas en el primer informe de actividades del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, el día de ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Comisión legislativa correspondiente, con una duración de casi tres horas.
Tras las exposición generalizada del informe con sus indicadores, el ombudsman hizo énfasis en que a su llegada al organismo encontró a una defensoría de los derechos humanos inerte y con serios problemas jurídicos, por lo que tuvo que hacerse un reajuste total en la plantilla laboral por honorarios y de prestadores externos de servicios, así como el cierre de las oficinas ubicadas en los municipios de Pabellón de Arteaga y Calvillo. En un primer trabajo de limpieza, se resolvieron siete asuntos laborales (demandas por despido) que implicaron un fuerte gasto económico interno.
Ante las dudas sobre los resultados de los programas educativos ejecutados por la Comisión, el ombudsman dijo haberse tenido una incidencia favorable pero aún se requieren de más recursos para hacer extensivas las intervenciones en escuelas, empresas, instituciones gubernamentales y sobre todo en corporaciones policiales. Sugiriéndose una reforma a la normatividad en materia de derechos humanos, a fin de poseer elementos coercitivos para citar a las partes involucradas en una queja y reasignar facultades a otra instancia, “por ejemplo, la tutela en algunos procesos de carácter civil, esto distrae recursos para cumplir con el objetivo principal del organismo de defensoría ciudadana”.
En el informe se destaca que algunas autoridades están ocultando información a la CEDH, sin especificar qué autoridades y si ya fueron sancionadas económicamente conforme a lo dispuesto en la Ley de Servidores Públicos, cuestionado por Anayeli Muñoz Moreno, Martín Jáuregui detalló haber sido la dirección de la policía ministerial, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y del municipio de Aguascalientes, “ellos argumentan basándose en aspectos legales que, desde mi punto de vista, no tiene razón de sustentarse en eso”.
Más que negar información, entregan el informe con “parches” que evitan a la Comisión, el analizar si existe alguna afectación a los derechos humanos de algún detenido o ciudadano en general, “sí me entregan el informe pero dicen que de acuerdo a la Ley de Transparencia, determinada información es clasificada y no se puede proporcionar”, al consultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al IFAI, se corroboró que esa ley no es aplicable.
“En apariencia están cumpliendo con la ley pero en la realidad están eludiendo parte de la información”, la CEDH no puede sancionarlos porque están respondiendo en tiempo, por ello se ha invitado al funcionario o servidor público a que asista con el ombudsman para que aclare la información; lo cual significa más tiempo para resolver la queja.
Recomendaciones
De las once recomendaciones emitidas por el organismo en el 2014, hay dos que no fueron aceptadas. Una por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien señala que al inicio de la investigación de la queja no se hicieron las notificaciones adecuadamente, siendo un caso que tenía ya cuatro años en la Comisión y que incluso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser un asunto de corrupción de menores. Actualmente está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el punto de vista de Martín Jáuregui, en cuanto al fondo, la recomendación era atendible, pero en cuanto a la formalidad legal, la Procuraduría tiene razón de no aceptarla, pues no se cumplió con la notificación correcta; siendo ésta la razón por la cual no está atendiendo la recomendación. Esto ya no puede solventarse por la CEDH porque las etapas procedimentales en que se encuentra el asunto ya no les permite reponer el error.
El otro caso fue en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, donde se hizo una recomendación de un oficio con un error que provocó que un juez impidiera la convivencia de un padre con su hijo; ya que tuvo una consecuencia legal se consideraba atendible como recomendación y se hiciera una llamada de atención a la procuradora a que cuidara esos oficios, “argumentan que ya está en un juicio y por lo tanto no se limita al aspecto administrativo y el juez ya tiene el conocimiento del hecho”.
El resto de las recomendaciones están siendo acatadas, la CEDH da vista a los quejosos y cuando no se cumple adecuadamente, el ciudadano tiene que dar parte a la CNDH, pues la estatal no está facultada para atender el caso y en su caso sancionar a la autoridad.
En el caso específico de los elementos de la policía municipal Rincón de Romos, que participaron en el acto violento contra una mujer en la Feria Nacional San Marcos, Martín Jáuregui señala que la Comisión no estuvo de acuerdo en cómo se implementó la recomendación, pues sólo se le suspendió 15 días al oficial, “estamos enviando un oficio porque dada la gravedad del asunto no entendemos que ya esté satisfecha la recomendación”.
Dos asuntos atendidos durante el 2014 en el Ayuntamiento capital están pendientes debido a la gravedad del asunto; uno de ellos es con el juez municipal que aplicó una multa diciendo que se encontraba la persona intoxicada con base en un certificado médico y el otro es por el certificado médico que decía que se encontraba ligeramente en estado de ebriedad sin haber practicado examen de alcoholemia; se ha solicitado la opinión de servicios periciales para que digan si basta con la exploración física para dar un dictamen médico de esta naturaleza.
Finalmente se le cuestionó la ausencia de los resultados de la evaluación que por ley se debió de hacer al personal de servicio profesional de carrera, realizado por una institución de educación superior; el titular de la CEDH explicó que la falta se debe a que la ley está mal redactada y el organismo sólo cuenta con tres trabajadores bajo ese régimen.
“La ley dice que todo el personal de la Comisión es de confianza y que el personal de servicio profesional de carrera son todos aquellos jefes de áreas inferiores a directores pero que no sean de confianza, la ley está mal hecha”, sin embargo, se comprometió a realizarla a todo el personal a pesar de que no se les obligue por ley.
Por ahora la CEDH cuenta con cuatro proyectos a estudiar, uno del Instituto de Educación, otro de la Universidad Autónoma, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Normal Federal del estado; siendo esta última la que más observan viable pues no tiene costo y se acopla a las necesidades del organismo.
Antes de concluir, los legisladores le reiteraron al ombudsman que las puertas del Congreso están abiertas para atender sus inquietudes, propuestas y peticiones, todo con la finalidad de mantener un marco legal adecuado para la defensa de los derechos humanos.
