Por Jesús Medina Olivares
Reforma sobre Seguridad Pública de Peña Nieto: Ultraje a la institución municipal
La iniciativa promovida por el gobierno de Peña Nieto sobre Seguridad Pública, en materia de Mando Único, es regresiva. Se retrocede a una de las etapas más oscuras del municipalismo en la que, a esta instancia de gobierno se le asigna un papel secundario y de subordinación.
Más aún, esta iniciativa no sólo vulnera principios fundamentales del federalismo y del municipio libre, sino que elimina los medios materiales y operativos para alcanzar los fines primordiales del municipio: el mantenimiento y protección de la seguridad y el orden público.
Con lo anterior, una vez más, se pone de relieve el carácter centralista del gobierno de EPN y el menosprecio a la institución municipal.
La iniciativa, además de contener imprecisiones en sus fines, conlleva ciertos riesgos. Puede ser utilizado como un instrumento de control y sujeción sobre el quehacer político y administrativo de presidentes municipales de otros poderes, sobre todo, de quienes no emanan de la misma afiliación partidista.
Fallas de origen, diagnóstico y perspectiva para contener y acabar con el fenómeno de la inseguridad pública, son signos distintivos de esta iniciativa.
Resulta insostenible, como se aduce, que los problemas de inseguridad en el país se deriven de la infiltración del crimen organizado en todos los municipios. Es una verdad a medias ya que se tienen evidencias que la delincuencia organizada, desde hace bastante tiempo, se encuentra enquistada en las esferas del poder, en todos sus niveles.
Si bien es cierto que existen entidades federativas y municipios, claramente focalizados donde se da este fenómeno, también lo es que no comparten esta realidad la gran mayoría de los cerca de 2500 municipios en el país.
Lo que sí está demostrado es que la inseguridad en el municipio está cercada por inercias intransitables derivadas de la perspectiva federal y estatal y de las limitaciones propias, técnicas y financieras, de la institución municipal para enfrentar este flagelo.
Por otra parte, existe una confusión de conceptos y responsabilidades en materia de seguridad. Se le ha dado una sobrecarga de objetivos, enfoques y alcances, como si se tratara de una bolsa donde todo cabe; instituciones, contenidos, incluso, medidas que sobrepasan, frecuentemente, los preceptos constitucionales.
La estrategia de trasladar la función de seguridad pública al gobierno estatal y apostarle al Mando Único per se, es una forma híbrida de atender el problema de la delincuencia organizada.
Es preciso reconocer que no todas las experiencias en la aplicación del Mando Único en los estados han sido positivas. La realidad ha expuesto fallas de coordinación entre instancias de gobierno y sus resultados han sido cuestionados.
En ocasiones las acciones se han guiado por objetivos a corto plazo y con un carácter eminentemente político, generando con ello confrontaciones y distanciamiento entre gobiernos, que acaban por neutralizar el liderazgo de cualquiera de ellos.
Existen más dudas que respuestas. Independientemente de la relación jerárquica de los cuerpos de policía, se deben definir, sin ambigüedad, las competencias y los problemas que pretenden atender cada ámbito de gobierno.
Además del combate a la delincuencia organizada, ¿quién va a atender el cúmulo de problemas inmediatos, de todos los días, que afectan a la comunidad y los delitos del fuero común; robos a casa habitación y asaltos a transeúntes? La nueva policía ¿tendrá la capacidad para prevenir y resolver estos delitos?
Recordemos que, precisamente, en el municipio por ser el lugar donde la relación entre pueblo y gobierno es cotidiana, se justifica el tipo inicial de la autoridad para atender estos problemas.
Incluso la palabra alcalde, con la que se conoce también al presidente municipal, se deriva de esa función. De origen árabe: al-cadi, significa juez.
Otras interrogantes: ¿cómo se van a financiar las funciones de la seguridad? ¿El municipio va a ceder los recursos humanos y económicos aunque, con la reforma, no tengan alguna relación de dependencia ni laboral con el cuerpo de seguridad?
Con este modelo, ¿no se generarán más problemas de los que se pretenden resolver? Sin la policía municipal, ¿el municipio no se queda en un estado de mayor vulnerabilidad ante la delincuencia organizada?
Se supone que estos temas van a quedar plasmados en la legislación secundaria, sin embargo, la realidad es que falta información y no hay certeza de la dirección que pueden tomar estas cuestiones y los efectos que puedan tener en los municipios para gobernarse y cumplir las funciones que constituyen su esencia.
Lo que queda claro es que no se ha entendido, o no se quiere entender, que la base para construir políticas públicas de seguridad, es el municipio. Ningún ámbito de gobierno tiene la posibilidad de interacción con la vida comunitaria como el municipal. Es aquí donde se deben enfocar y proyectar los esfuerzos de un sistema policial.
La policía municipal debe ser una institución civil y refundarse poniendo como principal valor su esencia civilista, de proximidad y prevención. Por tanto, debe desvincularse de la institución militar y acercarse más a la sociedad.
De la construcción de municipios seguros se sigue el establecimiento de estados seguros, y de un país seguro. Nunca es al revés.
Sin embargo, más allá de lo anterior, el asunto es mucho más complejo. Como dijera un expresidente de infausto recuerdo, no nos hagamos bolas. El tema de fondo está en otra parte. No se puede endosar los problemas de inseguridad, exclusivamente, a las policías ni a los municipios, estos son tan solo el eslabón más débil de la cadena.
El problema es que existe una profunda crisis del Estado mexicano que ha sido rebasado ante una serie de problemas de corrupción e impunidad.
El gobierno está demostrando ser todo, menos eficaz. Nadie puede negar que existe una total desconexión entre el ciudadano y las instituciones públicas, donde el compromiso con la legalidad el respeto a las libertades y los derechos humanos no es más que un anhelo.
Empecemos por reconocer que mientras prevalezcan estos nudos y no existan compromisos y voluntad decidida de las elites gobernantes y/o de la presión ciudadana para deshacerlos, poco se logrará en materia de seguridad pública.
Responde Fernando Aguilera
Mando Único Policial, ¿quién pierde?
Fernando Aguilera Lesprón
La atracción de la seguridad pública por parte de los gobiernos de los estados a través de la figura de Mando Único, constituye una reducción de la intentona del expresidente Felipe Calderón por crear la Policía Nacional y que le sirviera para llevar a cabo su tan conocida guerra contra el crimen organizado.
Indudablemente que el fracaso en el intento le llevó a tomar la decisión de sacar a la calle al Ejército para cumplir labores de seguridad pública.
Como bien comenta Jesús Medina en su apunte, la Reforma sobre Seguridad Pública que está impulsando Enrique Peña Nieto atenta contra el federalismo, que es la esencia del sistema político mexicano; también muestra la nula evolución de la clase priista para hacer política, entrampándose en la centralización y el absolutismo presidencial.
Es necesario tener en cuenta que el municipio es el gobierno más cercano al pueblo y responsable de proveer los principales servicios; pero también hay que reconocer que en muchos de los ayuntamientos impera el desconocimiento sobre las tareas administración pública y la poca visión para administrar una comunidad; mientras que los gobiernos estatales parecieran ser más profesionalizados, por lo que no resulta descabellado pensar que eso abonaría a realizar de mejor manera las actividades policiales.
Tal vez para los municipios con poco presupuesto en el manejo de la seguridad pública y escasos elementos policiacos, resultan bondadosos los mandos únicos estatales, suponiendo que tendrían la posibilidad de elevar su capacidad de vigilancia, reacción y capacitación.
La pérdida de poder de decisión y de recursos económicos se ve como desventaja para los ediles, sin embargo, el sacrificio podría resultar beneficioso para la población al contar con elementos más capacitados para realizar sus actividades y hacerlas respetando los derechos humanos.
Los gobiernos estatales deberán probar que son capaces de mejorar y controlar a los cuerpos de seguridad y por ende disminuir los problemas de inseguridad, ya que los ayuntamientos al entregar a sus policías también se deslindan del problema.
En el caso de Aguascalientes, si bien es cierto que aparentemente no se vive una crisis de seguridad como en otros estados, también hay que ver que la capital cada día se hacen más frecuentes los delitos del fuero común como es el robo a comercios y a casa habitación mientras que en las zonas rurales lo es el abigeato.
Sin duda los alcaldes que no acepten el control estatal serán los de las ciudades grandes que tienen mayor solvencia financiera y aquellos que cuentan con el acceso sin complicaciones al Subsidio para la Seguridad en los Municipios, que por cierto discrimina a los pequeños, que son los que más requieren reforzarse.
Hoy la pregunta que queda en el aire sería: ¿vale la pena sacrificar la autonomía municipal por presuponer mayor tranquilidad para los ciudadanos? Indudablemente que el tiempo junto con la experiencia lo responderán.
