Algunas opiniones sobre la participación de las mujeres en la política parecen provenientes del siglo XIX por su anacronismo y brutal misoginia y, lo más preocupante, son vertidas por los propios representantes de la ciudadanía. Por mencionar algunos ejemplos, han llegado a afirmar que las mujeres están en contra de ellas mismas y por eso no es conveniente la paridad política. O como mencionó un diputado por Aguascalientes: sólo las mujeres feministas atractivas deberían reclamar espacios políticos, pues con ellas sí se sienta uno a gusto a debatir, no que las feas, ésas hasta dan miedo y son muy agresivas. Recuerdo cómo una legisladora de su mismo partido político mencionó que las mujeres candidatas sólo son utilizadas como floreros. En otros partidos las mujeres que participan se decepcionan de sus derrotas electorales debido a que las colocan en distritos perdedores, mientras que sus compañeros de partido ganan diputaciones o aspiran a puestos federales. Sabido es también que también existe la tendencia de imponer candidatas desconocidas para cubrir los requisitos del 50 – 50 y vemos en las candidaturas a las hijas, esposas o parientes de los integrantes de los círculos de poder. Ellas, al igual que el resto de mujeres, no están exentas de la discriminación. La violencia política, por tanto, se define como una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión que fomentan la desigualdad y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.
Con el fin de eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, el Senado de la República discutirá en poco tiempo una iniciativa presentada por la Comisión de Derechos Humanos que reformará diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia, a la Ley de Delitos Electorales, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos. Esta iniciativa obliga al Estado a generar mayores y mejores condiciones para la participación femenina en la política, así como legislar para erradicar la violencia contra las mujeres que buscan un cargo de elección popular y, lo más importante, es que pretende remover obstáculos para que ocupen cada vez más cargos decisorios en todas las estructuras de poder.
De aprobarse la iniciativa, México se uniría a la lista de países de Latinoamérica como Ecuador, Bolivia o Perú, que castigará el acoso político, la violencia verbal política, el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos políticos de las mujeres, el ocultamiento de la información o la omisión de las mujeres de convocatorias decisivas para la toma de decisiones, el forzar a la realización de tareas distintas a las propias de la representación política, entre otras. Dichas conductas, que suman a las anteriores percepciones machistas, ocurren cotidianamente tanto en el interior de los partidos, como en el ámbito de la función pública. La violencia se comete a tal grado, que se ha llegado incluso a privar de la vida a mujeres que ostentan cargos políticos. Tal es el caso de Aidé Nava González, precandidata a la alcaldía de un municipio guerrerense, que fue secuestrada, torturada y asesinada. La alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, que sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo, o el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer que ganó la alcaldía de Quiegolani, Oaxaca, pero por ser mujer le quitaron el triunfo por ir en contra de los “usos y costumbres” de la comunidad. Ante los tribunales declaró lo que la mayoría de las mujeres, de cualquier estrato social, apelan a la política en al actualidad: “No reclamo por el cargo o por ansías de poder, sino por la indiferencia hacia las mujeres, por la frustración de no poder decidir nuestras vidas. Tampoco valemos para los legisladores, a menos que estén buscando un hueso, ahí sí nos piden votos, pero cuando solicitamos que nos escuchen y ayuden, nos cierran las puertas”.
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