- 60 días de campaña y los topes vigentes no permiten acercarse a todo el electorado
- Creen priistas que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales requiere ajustes
Más tiempo o mayores recursos para hacer campaña, son apreciaciones que brotan durante el primer ejercicio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada apenas el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
60 días de proselitismo abierto, considera el priista José de Jesús Ríos Alba, no son suficientes ni siquiera en un estado con las dimensiones de Aguascalientes.
“Comparto los comentarios del senador (Miguel) Romo Medina. Va a ser necesario que en la legislatura en donde yo participaré le metamos mano a esa reglamentación para hacerla real. Tal parece que quienes la elaboraron no se acuerdan o nunca han estado en un proceso electoral.”
El candidato a diputado federal por el Distrito III dijo que conceptos como el de la fiscalización inmediata, mediante el cual hay que refrescar la información cada tres días, benefician tanto a los políticos como al Instituto Nacional Electoral, sin embargo criticó otros términos de vigencia reciente.
“Creo que ha sido demasiado restrictiva. Puedo decirte que no se está cumpliendo la Constitución Política, que garantiza los derechos de los ciudadanos, uno de los más importantes es el de elegir a sus representantes, a emitir un voto razonado, con estos tiempos cortos, de 60 días, y con estos topes de campaña bajitos es muy complicado poderle llegar a los casi 400 mil habitantes que hay en cada distrito federal.”
Ríos mencionó que entre las obligaciones de todo candidato están las de exposición ante el electorado, con motivo de colaborar a la integración de la mejor representación popular posible.
Aseveró que se cumple con todas las disposiciones de ley pese a los bemoles señalados, los cuales impiden que la ciudadanía asimile con rapidez los mensajes de proselitismo.
–¿Ni siquiera en un estado pequeño como Aguascalientes les alcanza con 60 días?
–No, acuérdate que los distritos federales tienen un lineamiento de proporcionalidad demográfica. Si esto pasa en Aguascalientes ahora imagínate en Oaxaca, en Zacatecas, donde las comunidades están muy dispersas. En Chihuahua, Guerrero, Chiapas la geografía es todavía más complicada y se hace muy difícil.
En algunas entidades, mencionó, no hay suficiente cobertura de internet como para actualizar las obligaciones fiscales que acarrea una campaña. Sin embargo aceptó que la nueva legislación corrió en función de terminar con los gastos exagerados.
“Pero hay que darle un ajuste, creo que el objetivo fundamental de la campaña es que los ciudadanos perciban y conozcan lo suficiente de la trayectoria y de la persona de sus candidatos para emitir un voto razonado. Ese es el fin último de la democracia, los días y los topes de campaña no están a la par, o falta más tiempo, o bien el recurso debe ser un poquito más amplio.”
Con el tope de un millón 124 mil pesos los candidatos no estarían en posibilidades de recorrer los territorios y acercarse a los medios de información, donde hay una alta vigilancia de comentarios y contenidos.
Sin participación de candidatos en la prensa el electorado perdería la oportunidad de ampliar sus juicios de valor, además, apuntó el priista, los empresarios del ramo están temerosos por cualquier ruptura de la ley.
–¿Se puede decir que para un candidato no vale lo mismo un spot que una entrevista?
–Creo que ni para un candidato ni para un ciudadano. El ciudadano puede escuchar un spot que está tratando en 20 o 30 segundos de decirle muchas cosas, tiene que sintetizar dos o tres frases que logren llegar a su voluntad. No es lo mismo que en una entrevista donde pueden conocer tu forma de expresarte, tu experiencia de vida, tu familia, el trabajo que desarrollas, tu cultura.
Ríos Alba finalizó sosteniendo que “la ley está demasiado estricta en muchos aspectos y contradictoria en otros. Nos hace el trabajo realmente difícil, la ciudadanía tiene una percepción pobre de sus candidatos, un conocimiento bajo, eso les dificulta tener un voto razonado, eso a ninguna de las partes beneficia”.
