Con el lema de “Mover a México” el régimen peñanietista ha marcado su política en materia económica y social. La propaganda oficial se ha orientado a subrayar el concepto de movimiento como sinónimo de avance, cuando todo movimiento puede ser de retroceso, de cambio de dirección o de simple agitación para permanecer en el mismo lugar. El país sufre indudablemente en estos momentos una grave crisis económica, independientemente de un retroceso en el campo de lo social y político.
La crisis económica actual, dicen que es producto de la caída de los precios internacionales del petróleo que inciden en una importante reducción de los ingresos gubernamentales, pero se deriva de la debilidad estructural del país para generar riqueza y repartirla equitativamente.
Por un lado, la caída de los precios del petróleo causa severo daño a la estabilidad fiscal porque el gobierno no cuenta con otra fuente importante de ingresos que, ante la necesidad del régimen de mantener su nivel de gasto para sostener los programas paliativos en lo social y clientelar en lo político, le hará incurrir en desequilibrio fiscal. Ya en el pasado sufrimos muchos años de inflación y programas de ajuste como consecuencia de la falta de disciplina fiscal de un gobierno. Durante ese difícil período de ajuste fiscal, iniciado en 1982, el Fondo Monetario Internacional impuso a México severas medidas de austeridad para que no dejásemos de pagar puntualmente los intereses y adeudos a la banca internacional. Esto pasó factura debilitando la estructura productiva del país.
Por otra parte, estos efectos de la medicina impuesta por el “Consenso de Washington” durante las últimas décadas del siglo pasado, provocaron la pérdida de dinamismo y fortaleza de las ramas económicas que habían generado ocupación y riqueza en el pasado. De manera paralela, se desarticuló el tejido social con lo que se aceleró la expulsión de mano de obra -y de cerebros- hacia el extranjero y afloraron los graves problemas de delincuencia y deterioro de la seguridad ciudadana que hoy padecemos.
Ante el debilitamiento de la estructura productiva local, la inversión extranjera suplió marginalmente y de manera emergente la oferta de puestos de trabajo. Esto palió de manera parcial la demanda que la creciente población requería, a costa de abaratar el precio del trabajo. El crecimiento económico bajo este nuevo modelo de desarrollo, del cual han presumido los gobiernos federales de los últimos 15 años, se debe fundamentalmente al crecimiento de las empresas extranjeras que operan en nuestro país. Estrictamente no es que México se haya convertido milagrosamente en un eficaz exportador de automóviles y pantallas planas, sino que las empresas extranjeras han proliferado, crecido y enriquecido con el apoyo gubernamental -asimétrico con respecto al apoyo que éste brinda al productor nacional-, y la mano de obra barata.
El gobierno actual se propone mover a México conservando este modelo. Los apoyos gubernamentales que ofrece a las empresas locales, son para que éstas se conviertan en proveedores de las empresas exportadoras, en su mayoría extranjeras, o para surtir mercados marginales que no afecten los intereses de las grandes empresas trasnacionales de la industria y el comercio.
Es un modelo que no genera la riqueza que el país necesita, aunque sí le permite presumir del crecimiento de producción y aumento de exportaciones de las empresas internacionales en nuestro territorio, que le reditúa a éstas. El presupuesto de egresos de la federación lo delata: las partidas destinadas a otorgar recursos a la planta productiva nacional, por importantes que parezcan y por más promoción que se haga del Fondo Nacional Emprendedor, empequeñecen ante los flujos de recursos destinados a proveer de infraestructura a los grandes exportadores y a paliar los efectos de no contar con un proyecto dinamizador de la economía nacional, como los destinados a la Cruzada contra el Hambre y el programa Prospera, antes llamado Oportunidades. Un país que produce su propia riqueza no requiere de paliativos.
Pareciera que esto lo ignoran los candidatos al Congreso que hoy se desgañitan en las calles y plazas ofreciendo mejoras salariales, desarrollo económico para las comunidades y solución a problemas de violencia e inseguridad. El modelo de país en el que estamos inmersos no lo permite, por lo que estas ofertas de campaña son irreales e inconsecuentes con la realidad que se nos ha impuesto. La falta de comprensión podría entenderse respecto a los candidatos que, en su gran mayoría, no tienen más experiencia que la intriga interpartidista para resultar ungidos como aspirantes a una curul federal. Lo grave es que los partidos son copartícipes de esta gran farsa de desarrollo socioeconómico, en la que todo el pueblo pierde mientras ellos ganan sirviéndose del erario público.
Al llegar al Congreso, independientemente de qué partido provengan, los hoy candidatos habrán de sujetarse a la política económica que ha establecido el Poder Ejecutivo y a la “línea” que les marque su partido. Y eso pasará no sólo por no saber de economía, sino porque sus partidos no han generado un modelo económico de desarrollo para ofrecerlo a los ciudadanos.
Un modelo económico alternativo que sí es capaz de generar riqueza y repartirla equitativamente, es factible en México desde que se reconoció la importancia del Sector Social de la Economía, en el artículo 25 constitucional y su respectiva ley reglamentaria. A diferencia del modelo actual, donde las empresas nacionales se alinean -se encadenan- para satisfacer los requerimientos de los exportadores, en la economía social se concatenan unas con otras, para alimentarse mutuamente y enriquecerse. Tal vez toque al pueblo organizarse de manera diferente para impulsar los cambios que se requieren. Y esto sólo se dará en la medida de que se difunda una mayor cultura de ciudadanía económica y se rebase a los partidos.
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