- El director general de estados y municipios del INAI participó en un foro de Cimtra
- Federico Guzmán enunció los elementos y retos de la nueva legislación de transparencia
- La ley disminuye las posibilidades de que los organismos se reserven la información
La principal actividad correspondiente al X Foro Nacional de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en Aguascalientes, titulado Impacto de la Nueva Ley de Transparencia en los Municipios, correspondió a la conferencia magistral encabezada por Federico Guzmán, director general de Estados y Municipios del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), quien habló acerca del impacto de la legislación que fuera aprobada apenas hace algunas semanas.
El funcionario federal aseveró que la principal función de la normativa ha sido unificar los criterios en materia de transparencia y acceso a la información en todo el país. Su proceso, recordó, se desprende de la reforma en materia de transparencia, aprobada en 2014, lo que trajo consigo la obligación de garantizar las leyes generales sobre transparencia y acceso a la información pública, la de protección de datos personales, y la de archivos.
Justificó su conformación a razón de responder a la disparidad en el ejercicio del derecho a la información pública, así como la dispersión y fragmentación o asimetría de la información proporcionada, lo que se traducía en un ejercicio ineficiente e inequitativo del derecho, ya que existían estados en los que no se podía garantizar el acceso a ciertos rubros de transparencia que sí se encontraban públicos en otras entidades.
Guzmán la calificó como una norma marco que reglamenta en el artículo 6 constitucional, donde se obliga a los tres niveles de gobierno a adherirse a la garantía de información pública, mediante una plataforma que uniforma y estandariza el procedimiento. Además subrayó que la nueva legislación permite visualizar el acceso a la información como derecho constitucional fundamental, al que se incorpora un catálogo de sujetos obligados, la parte más innovadora y visible de la ley.
En lo que respecta a la transición del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFA) al INAI, aseguró que se desincentivan las posibilidades que tienen los sujetos obligados para reservar información, ya que el organismo nacional tendrá la facultad de atracción, en caso de encontrarse casos estatales donde persista la opacidad y resistencia por presentar la información solicitada.
El director general de Estados y Municipios del INAI agregó que la insistencia referente al acceso a la información como derecho responde a la inherente condición de dignidad de los seres humanos, así como la vinculación que tiene este con otros derechos fundamentales, poniendo especial atención en su naturaleza como bien de dominio público, a través de su principio de máxima publicidad.
También hizo mención al refrendo que hace la ley con principios como la disponibilidad, concerniente a la información; la calidad, a la hora de responder las solicitudes ante el órgano garante y los sujetos obligados; la de no discriminación, sin importar raza, sexo y demás; o bien la de sin condicionante artificial; que hasta entonces pretendía obligar a los solicitantes a tener un vínculo directo con la información solicitada, reflejándose en algunos estados que obligaban al solicitante a acreditar su residencia al país, estado y municipio.
Entre otros elementos que destacó, cuenta la nueva ley, se encuentran la competencia que tiene el INAI para ordenar que se genere la información pública con la que no cuenten los sujetos obligados, evitando con ello argumentos acerca de sus reservas, así como el hecho de que ya no sea el órgano de transparencia quien justifique la reserva, sino el propio sujeto obligado; la inserción de los casos donde ya no existirá el secreto bancario; y la existencia de un catálogo de información pública de oficio ampliado, ya que los municipios estarán obligados a contar con una plataforma informática con dichos contenidos.
El miembro del INAI sentenció que existen importantes retos en materia de estandarización y armonización legislativa respecto los principios de la ley general; la implementación de la plataforma nacional de información; la necesidad de garantizar que los órganos garantes de los estados cuenten con una importante fortaleza y desvinculación de los actores políticos del ámbito local, fenómeno que dependería de la voluntad política de los actores involucrados.
