En el juego del poder político de una democracia que se pretende representativa pero que en verdad representa cada vez menos a los ciudadanos y cada vez más a ciertos intereses espurios de las clases dominantes, hay una creciente corriente de opinión nacional en el sentido de quitar a los partidos políticos el monopolio de la representación que han detentado hasta ahora de manera incontestada, habida cuenta de la escasa calidad democrática que padecemos los mexicanos y de la consecuente pésima imagen pública de los políticos y sus partidos según diversas encuestas y mediciones recientes, donde obtienen porcentajes de rechazo social y desconfianza que rozan el 90% de los ciudadanos consultados. Y no es para menos si se atiende a los resultados de la fallida transición democrática mexicana, que viene haciendo crisis grave a los ojos de propios y extraños por lo menos hace 47 años.
Así las cosas, hay un caso sobresaliente de elección directa y democrática por usos y costumbres en el municipio indígena de Cherán en el estado de Michoacán, donde sus habitantes practican desde hace varios años con éxito reconocido la democracia directa y deliberativa para elegir a sus representantes y autoridades.
También es el caso más o menos similar de varios cientos de municipios en Oaxaca, y podría serlo en muchos más municipios indígenas a lo largo y ancho del país si la experiencia virtuosa de Cherán se multiplica aun a contracorriente. ¿Qué pasaría si así, directamente y en asambleas populares, eligiésemos a nuestros regidores, síndicos y presidentes municipales en todo el territorio nacional? ¿Y luego así a nuestros diputados y gobernadores? Incluso a jueces y magistrados, como se propuso hace poco en el Senado de la República.
También está el sobresaliente caso de los candidatos independientes que ciertamente no podemos llamar todavía “ciudadanos”, porque casi todos proceden de experiencias previas e inmediatas en la partidocracia; y quienes aprovechando las grietas abiertas en el régimen por la creciente irritación social se han postulado a diversos cargos públicos con todo el aparato en contra, y que aún así están teniendo perspectivas de aceptación y éxito notables. Es el caso del Bronco Jaime Rodríguez de Nuevo León, que está a un “tris” de ganar por esa vía independiente la gubernatura de su estado, pero también el de los candidatos a diputados federales Clouthier en Sinaloa o Canavati en el mismo Nuevo León. También el caso de Enrique Alfaro, que hace poco casi gana la gubernatura de Jalisco y que está a punto de hacerlo en el Ayuntamiento de Guadalajara.
La aceptación que las candidaturas independientes han generado entre los ciudadanos, al punto de hacer peligrar seriamente el bipartidismo imperante en Jalisco o en Nuevo León, constituye verdaderas y pequeñas ventanas de oportunidad social que nos marcan el camino a seguir en el resto del país.
A fin de cuentas tienen razón Buscaglia y otros analistas internacionales interesados en el caso mexicano cuando sostienen con argumentos numéricos precisos que ante el hartazgo social anular el voto el próximo 7 de junio no sirve de nada si no va acompañado de otras manifestaciones de protesta y activismo ciudadano masivo, cosa que no es el caso en México en este momento.
En cambio, anular masivamente fortalece a la partidocracia, que cuenta con un consolidado pero insuficiente (para garantizarle mayorías cómodas) voto duro y disciplinado a su favor, en un sistema electoral donde la consecuencia legal del voto nulo o anulado es inexistente y donde cada voto otorgado para algún partido suma y cuenta al total computable para asignar las 200 curules plurinominales del total de 500 escaños en juego.
Así, construida desde abajo, con elecciones directas, Consejos Ciudadanos y candidatos independientes al margen de los políticos y de los partidos, la maltrecha democracia mexicana todavía puede hacer algo útil para el interés general de la nación en los próximos años.
P.S. Árbitro llanero. ¿Qué pensaría si viviese don Arnaldo Córdova de la estolidez de su hijo Lorenzo? Ilegal desde luego grabar las conversaciones ajenas, nadie lo duda. Habrá que exigir las investigaciones y sanciones pertinentes en ése y en todos los casos análogos, porque irrumpir e interceptar las comunicaciones ajenas es un delito penado por la ley que nunca o casi nunca se castiga gracias a la impunidad reinante. Pero imperdonable resulta el racismo, el clasismo y la venalidad de un alto funcionario público que se supone que sirve a una sociedad que cuenta entre sus miembros nada menos que a 16 millones de indígenas y a muchos más descendientes de ellos. Seguramente que el vapuleado, espiado y guasón doctor Córdova tiene mucho que dar a la academia, porque está claro que su aportación a la vida democrática de México terminó hace ya rato.
@efpasillas
