- La iniciativa responde a la armonización de los esquemas aprobados en el ámbito nacional
- La extinción de dominio aplicará para delitos como el narcomenudeo, secuestro, trata de personas, robo de vehículos y enriquecimiento ilícito
Este viernes el Congreso del Estado logró el aval de los integrantes del pleno de la LXII Legislatura en torno a la iniciativa que contiene la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Aguascalientes; a diferencia de la legislación sobre la Fiscalía General del Estado, el dictamen sobre la Ley de Extinción de Dominio fue aprobado de manera unánime.
Leonardo Montañez Castro, secretario de la Comisión de Justicia, presentó el dictamen ante el pleno, recordando que fue el 12 de marzo cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa, la cual fuera turnada el día 17 del mismo mes a las comisiones, mientras que el 23 fue remitida al Poder Judicial, y el 23 de abril al Poder Ejecutivo, siendo recibidas las respuestas los días 25 de mayo y 8 de junio respectivamente.
Aseguró que el objetivo del planteamiento es regular el procedimiento de extinción de dominio en la entidad, extendido únicamente ante delitos como la trata de personas, el secuestro, el robo de vehículos y el enriquecimiento ilícito. Estableció que tras la aprobación de la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 27 de mayo, se confirmaron algunos supuestos que tendrían que ser armonizados en materia de extinción de dominio para Aguascalientes, elementos que ya se encontraban contemplados en la legislación federal en materia penal.
La priista Rosa Elena Anaya Villalpando se pronunció a favor del dictamen y defendió su aprobación argumentando que desde los tratados internacionales se encuentra contemplada la extinción de dominio, como parte de la necesidad de hacer justicia sin importar las fronteras entre naciones, al manifestarse hechos delictivos que afectan a los países. Destacó su justificación a razón de servir como una reparación ante los diferentes delitos cometidos y el daño que realizan a la población, al asegurar que con la extinción de dominio se garantiza la pérdida de los derechos de la propiedad en los bienes que fueran adquiridos por conducto de delitos o utilizados para cometer un delito, aunque se encuentren a nombre de un tercero.
Señaló además que arrebatar esos bienes garantiza una devolución al Estado, ante el gasto que ha destinado a seguridad pública y procuración de justicia, y agregó que los montos y bienes obtenidos servirán para el fortalecimiento de los mismos objetivos, siendo considerada como una herramienta de carácter patrimonial, donde será el Ministerio Público quien presente la demanda correspondiente con los elementos probatorios necesarios ante la autoridad jurisdiccional, para ser aprobado el procedimiento de extinción de dominio.
Anaya Villalpando enfatizó elementos tales como la existencia de magistrados, jueces y ministerios públicos especializados en la materia de extinción de dominio, los mismos que se enfrentarán a las audiencias correspondientes, que serán llevadas a cabo a manera de juicios orales, donde el denunciado podrá defender la pertenencia de sus propiedades.
Luego de la aprobación por unanimidad, el panista Israel Sandoval Macías presentó una reserva donde propuso que se eliminara el incentivo para presentar las denuncias, correspondiente al goce del dos al cinco por ciento de los bienes que sean embargados por la autoridad. La reserva, dijo, buscaba eliminar el artículo 46 de la legislación, y argumentó que la sociedad tiene la obligación de denunciar sin que ello esté determinado por la entrega de un incentivo; criticó que puede ser utilizado con fines personales al actuar con dolo para beneficiarse de los bienes del denunciado creando pruebas ficticias. La reserva fue rechazada por 17 votos en contra (PRI-PVEM-PANAL-MC) y ocho votos a favor (PAN-PRD-PT).
