“Nosotros necesitamos como Congreso que la cuenta pública que se está sancionando realmente se tome con toda seriedad”, dijo Arturo Robles Aguilar, presidente de la Comisión de Vigilancia del Legislativo local, quien tras emitir la valoración fiscal del segundo semestre de 2010 de los 11 municipios de Aguascalientes, añadió que, “si se detecta que las contralorías empiezan a hacer caso omiso o a no buscar solventar (las observaciones) se tienen que buscar decisiones firmes que impliquen sanciones a funcionarios”.
El plazo para cumplir con este objetivo fue fijado en seis meses. Decenas de señalamientos por desajustes financieros pesan sobre todas las demarcaciones.
Asimismo, durante entrevista, el diputado indicó que el relativo a la transparencia gubernamental es uno de los principales reclamos sociales.
Toda vez que las cuentas en comento fueron escrutadas a través de la antigua ley de fiscalización, la cual no permite que el Congreso del Estado sea quien ejecute acciones punitivas, refirió:
“Veremos la forma para que en el seguimiento (de las observaciones) y conforme a la nueva ley, aprobada desde el año pasado, se puedan retomar acciones”.
Más adelante, ya en Sesión Plenaria, Robles apuntaría que en próximos días el Órgano Parlamentario a su cargo emitirá un informe, pues de las cuentas públicas anteriores a las del año antepasado, se desprende un acumulado de 730 millones de pesos aptos para resarcimiento.
