Ayer, en el Congreso del Estado de Aguascalientes, tuvo lugar una sesión que podríamos considerar como histórica, pues en la misma elegimos al primer fiscal general del estado, en la persona del abogado Óscar Javier González Mendívil.
Fuimos 23 de 27 legisladores quienes independientemente de nuestras respectivas filiación partidista, pudimos consensuar la decisión de darle al abogado González Mendívil nuestro voto de confianza, como el nuevo encargado de la delicada tarea de darle vida a la nueva Fiscalía General que sustituyó apenas hace un par de semanas a la actual Procuraduría General de Justicia del estado.
Se dice que las instituciones son por los hombres que las dirigen y les dan destino. Así, la mayoría de las reformas a nuestras instituciones, adquieren sentido en la medida en que las mismas incorporan un componente de reforma asociado al factor humano, como determinante decisivo de sus propias expectativas de éxito.
De ahí la importancia de detenerse en los mecanismos institucionales que determinan los ciclos de renovación y cambio de quienes las dirigen. Por ello era importante la sesión de hoy en el Congreso. De acuerdo con el mecanismo previsto en la Constitución local, en la fracción tercera del artículo 59, primero se tuvo que integrar una quinteta de aspirantes, propuestos por las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara, para enviarla al titular del Poder Ejecutivo estatal, quien procedería a su vez, a la conformación de una terna, que sería finalmente de la cual el congreso haría la selección del fiscal, con el desenlace que ahora les comparto.
Óscar Javier González Mendívil, quien finalmente resultó electo fiscal general, cuenta con las prendas académicas, profesionales y la experiencia que demandan los tiempos de la nueva Fiscalía. Había venido desempeñándose como subprocurador hasta hace apenas unas semanas, cuando se le encomendó asumir la función de encargado de despacho de la propia Procuraduría, a la salida de Felipe Muñoz Vázquez, quien fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto para hacerse cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).
Cabe destacar las prendas personales de los otros cuatro aspirantes. Por ello quisiera reconocer la calidad profesional de Moisés Rodríguez Santillán, quien cuenta entre sus logros, el haberse desempeñado como procurador de Justicia en dos ocasiones, y quien por cierto fuera mi maestro en la Facultad de Derecho de la UAA; de Raúl Vargas Pérez, quien me causó una grata impresión por sus aportaciones para avanzar en un programa de mejora institucional de la propia institución; y de Oswaldo León y Roberto Arellano, dos distinguidos juristas locales que formaron parte de la quinteta original.
Pero ¿por qué es importante este evento para usted y para mí como ciudadanos? Porque esta reforma -llamada por algunos la revolución silenciosa de la justicia mexicana-, está diseñada desde sus bases para hacer un replanteamiento de gran calado a las formas, mecanismos y procedimientos bajo los que venía operando la procuración de justicia hasta ahora; porque constituye la esperanza que tenemos millones de mexicanos para mejorar la calidad de la justicia a la que tenemos acceso de ordinario.
Me duele reconocer, que 9 de cada 10 delitos cometidos en nuestro país, no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización 2014. La no denuncia constituye una de las manchas más vergonzantes de la justicia mexicana. Resultan escandalosas las cifras de delitos cometidos en contra de ciudadanos en el contexto de sus vidas ordinarias, que no terminan siendo objeto de investigación por fiscales ex profeso, como debiera de ser en un buen sistema de justicia. La pérdida de tiempo, por un lado, y la desconfianza, por el otro, son los justificantes que esgrimen los ciudadanos para no denunciar.
Agregue usted, que de los delitos que sí se denuncian, muchos de ellos no se castigan a grosso modo, del 100 por ciento que se denuncia, apenas un 20 por ciento es investigado, un 9 por ciento se consigna ante el juez, pero finalmente apenas el uno por ciento recibe castigo. La cifra de averiguaciones que duermen como se dice coloquialmente, el sueño de los justos, en la ominosa reserva, son cifras de 5 dígitos para no pecar de inexacto, y ello da muestra de la situación que se vive actualmente, como causas de impunidad.
El ciudadano tiene sed de justicia, pero de la justicia diaria, de la justicia cotidiana, de esa que reclama frente al sombrío panorama que enfrenta en su vida personal y familiar, y que ha arrojado la escandalosa cifra de 28 millones de delitos por año en todo el país, la gran mayoría de ellos cometidos en sus vecindarios y en sus propios hogares.
De ese tamaño son los retos y desafíos que habrá de enfrentar la nueva Fiscalía General. Hago votos porque sus resultados contribuyan a aliviar ese pesado saldo pendiente que tenemos las instituciones públicas con los ciudadanos. Es ahora.
Política de la buena: A los satanizadores de la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, les recomiendo que acudan al Periódico Oficial del Estado para enterarse de primera mano de lo que representa el esfuerzo de los diputados del Congreso del Estado, para dotarlos del derecho a la salud, a la educación, y a la igualdad sustantiva, fundamentales para su sano desenvolvimiento y una mayor protección y seguridad.
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