- El grupo parlamentario del PAN llamó al resto de los diputados a no votar por los perfiles de Rafael Álvarez Escárcega y Gerardo Cruz Bedolla
- Los diputados del blanquiazul lamentaron que dos de los perfiles de la terna tengan un historial priista y de violación de derechos humanos
- De nombrarse a Escárcega Álvarez nos enfrentaríamos a una elección de Estado, advierten
A pesar de que reconocieron que no existe un fundamento legal que impida que dos de los tres perfiles de la terna para fiscal especial de delitos electorales sean electos por parte del pleno del Congreso del Estado, los integrantes del grupo parlamentario del PAN reprocharon al PRI sobre su posición en torno a la designación de dicho puesto, al considerar que no existe razón moral que justifique el aval para Rafael Álvarez Escárcega y Gerardo Cruz Bedolla, quienes han sido señalados por vínculos con el Poder Ejecutivo, así como su militancia en el PRI y por la violación de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones dentro del Ministerio Público, respectivamente.
Los diputados locales del PAN han convocado a una rueda de prensa donde han esgrimido los argumentos por los cuales, consideran, el resto del pleno debe ejercer un voto consciente y no votar por dichos personajes, al adelantar su voto en favor del tercero, José Guadalupe López Ramírez, a quien consideraron un perfil con mayor pulcritud.
La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Martha Cecilia Márquez Alvarado, recordó que desde la selección de la quinteta se percibió la intención por promover a tres personajes vinculados con el PRI y con militancia activa. A pesar de que se determinó la terna, agregó, uno de ellos continuó, como es el caso de Álvarez Escárcega, mismo que dijo, además de tener militancia activa, se encuentra laborando en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno estatal. Para el caso de Cruz Bedolla, indicó que su historial respecto el caso de violación de derechos humanos a las indígenas obliga a exhortar a los integrantes de la LXII Legislatura a no votar por alguno de esos dos perfiles.
Leonardo Montañez Castro, secretario de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aseguró que “alguien que no respeta los derechos humanos mucho menos respetará los derechos políticos”, al referirse a Cruz Bedolla y también consideró que en el caso de Álvarez Escárcega, su afiliación al PRI se constituye como el principal factor moral que impediría su arribo, ya que la elección del fiscal de delitos electorales es una decisión política, donde se debe garantizar ante la sociedad que quien sea elegido sea imparcial en las contiendas electorales. Ha costado mucho, subrayó, confeccionar la Fiscalía General de Justicia del Estado, razón por la que expuso que no se puede permitir que la elección del fiscal de delitos electorales afecte su legitimidad. Además, defendió el voto a favor de López Ramírez, al detallar que se caracteriza por ser un personaje apartidista, detallándolo como un perfil calificado y profesional, extraído de la academia, mismo que aseveró, pudiera garantizar imparcialidad y neutralidad durante los procesos electorales.
El también diputado panista, Mario Alberto Álvarez Michaus, advirtió sobre una posible elección de Estado por parte del PRI, ya que estableció que de ser designado Álvarez Escárcega, correrían riesgo las próximas elecciones locales. El coordinador parlamentario del PRI, manifestó, falló en su palabra de prometer un fiscal de delitos electorales imparcial y reiteró que el llamado a los integrantes del resto de las fuerzas políticas, para que voten a favor de un perfil que sea imparcial, lo cual se puede garantizar sin problema alguno, dado que la elección se realizará a través de las cédulas, de carácter secreto.
Los integrantes del grupo parlamentario coincidieron en argumentar que la tendencia pudiera dar cuenta de la intención por migrar funcionarios públicos a cargos en órganos autónomos. Los diputados panistas denunciaron que existen vínculos de amistad familiar detrás de la posible designación de Álvarez Escárcega, aunque se valieron únicamente de un diagrama donde se exponía la cercanía de los padres y el mismo Rafael con el gobernador Carlos Lozano de la Torre y la titular del DIF estatal, Blanca Rivera Río.
Reiteraron que su voto sería para Guadalupe López Ramírez y pusieron énfasis en recordar que no se trata de una cuestión legal sino ética, ya que si bien la convocatoria no establecía dichos impedimentos, afirmaron que “se da por sentado a la luz de la razón natural”. La misma Márquez Alvarado aseveró que el grupo parlamentario mayoritario impidió que se establecieran los esquemas necesarios para garantizar una elección imparcial y criticó que no se esté atendiendo al principio de justicia y equidad.
Por último recordaron que de no existir una votación calificada que avale el nombramiento del fiscal de delitos electorales, el procedimiento marca que será el mismo fiscal estatal quien elija entre los perfiles de la terna existente.
