- Los legisladores locales dieron el aval a cinco dictámenes de iniciativas de reforma
- Los diputados locales aprobaron la armonización a la Ley General de Víctimas
- La LXII Legislatura avaló la transición legal de la Procuraduría a la Fiscalía
El Congreso del Estado dio por terminado el periodo ordinario de sesiones al celebrar su última sesión del segundo periodo del segundo año del ejercicio constitucional este jueves. Como cada día en el que el pleno se convierte en el escenario de discusión para aprobar y rechazar iniciativas, el retraso en el inicio de la sesión no se hizo esperar, sumado a los elementos protocolarios que avalan la lentitud en la que se abordan los temas, desde el pase de lista y la aprobación del acta de la sesión anterior, hasta la explicación de los asuntos en cartera y las constantes intervenciones para solicitar que los diputados dispensen la lectura de cuantos documentos arriban y están por abordar.
La conclusión de este periodo ordinario, que se mostró una menor productividad que su antecesor dado que se trataron temas que generaron un mayor debate, lo que obligó a disminuir el número de asuntos en la agenda semanal, se caracterizó por la aprobación de cinco dictámenes más, sumados a la lista de iniciativas reformadas y armonizaciones garantizadas previo al inicio del periodo de receso.
Transición legal de la Procuraduría a la Fiscalía General del Estado
Además de aprobar más modificaciones en torno a la reducción de facultades de la Jefatura de Gabinete y la reconfiguración de la Secretaría General de Gobierno, contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, la legislatura estatal confirmó las modificaciones correspondientes a dicho ordenamiento estatal para garantizar la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Fiscalía General del Estado, produciendo las modificaciones necesarias para evitar que se siga creyendo que la Fiscalía es un órgano de la administración estatal central. El dictamen fue presentado por el priista Juan Manuel Méndez Noriega y recibió una votación unánime.
Armonización de la Ley General de Víctimas
Como ya se había adelantado el fin de semana, este jueves se votó la armonización a la Ley General de Víctimas, que contempla la forma mediante la que se atenderá a las víctimas del delito, existiendo una bolsa determinada para la reparación de los daños de quienes resulten afectados por un fenómeno determinado. El dictamen que incluyó las tres iniciativas, del PT, PAN y el Ejecutivo, fue abordado por Jesús Rangel de Lira, diputado local del PT, quien expuso que las propuestas cumplen con su función de armonizar, añadiendo el caso del PAN, donde se propuso incluir como víctimas a los hijos de policías caídos en el ejercicio de sus funciones, recibiendo el aval unánime de los diputados presentes.
Modificaciones al Código Civil sobre el divorcio sin causales
El tercer dictamen por discutir correspondió al de la Comisión de Justicia, en voz de Rosa Elena Anaya Villalpando, que trata de modificaciones transitorias propuestas por Leonardo Montañez, diputado del PAN, y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a fin de garantizar que las sentencias ejecutorias de divorcio sean notificadas directamente al Registro Civil; así como que se incluya el exhorto para que los involucrados que así lo deseen acudan al centro de mediación y para que se elimine la figura del cónyuge culpable, entre otros elementos complementarios del divorcio coloquialmente denominado exprés. Las modificaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, y según Anaya Villalpando, su naturaleza responde al derecho a la libre personalidad.
Modificaciones al marco normativo del Instituto de Asesoría y Defensa Pública
Según explicó Juan Manuel Méndez Noriega, diputado local del PRI, la iniciativa para hacer diversas modificaciones a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensa Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ejecutivo estatal, pretende incluir sus facultades dentro de la perspectiva de derechos humanos conforme lo establece la nueva normativa en materia de justicia penal. Se busca evitar que exista confusión en torno a las atribuciones semejantes con las que cuenta éste y la Fiscalía General del Estado, por lo que se ha propuesto que sea la segunda quien asuma las funciones concernientes a la atención de víctimas y ofendidos; mientras que en el caso de la primera, se mantendrá su función de servicios de asesoría jurídica, defensa pública y respaldo en materia de atención médica y sicológica.
Las modificaciones tienen la intención de preservar los derechos de la víctima y el ofendido conforme lo establece la Ley General de Víctimas. Tras la argumentación, los planteamientos fueron aprobados por unanimidad.
Modificaciones a la Ley de Deuda Pública del Estado
El último dictamen vertido y aprobado fue el referente a la reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes. Norma Guel Saldívar presentó y justificó las modificaciones, al establecer que la Comisión de Vigilancia determinó viable la propuesta. Consideró que la iniciativa armoniza diversos elementos con la legislación federal, tomando en cuenta que la deuda sólo podrá ser adquirida con la mayoría calificada de los diputados presentes en el Congreso del Estado; al igual que otras disposiciones sobre el pago en garantía de los fideicomisos, a través de sus bienes; y la modificación de los acuerdos de deuda en los municipios.
Martha Márquez Alvarado, diputada del PAN, criticó la iniciativa en torno a los fideicomisos y negó que sus bienes puedan ser utilizados en garantía. Afirmó que la normativa federal en materia de bienes lo impide, pero dicha aseveración fue rechazada por el priista Eduardo Rocha. En lo general, fue avalada por la mayoría de los diputados presentes, a excepción de la misma Márquez Alvarado, Adolfo Suárez e Israel Sandoval, quienes votaron en contra. Ulises Ruiz Esparza presentó una reserva al artículo 25 de la ley, pero fue rechazada, al ser considerada una confusión de conceptos entre lo establecido por la propuesta y la interpretación del legislador panista. Éste proponía que en lugar de establecerse el concepto de fideicomisos se cambiara por el de entes descentralizados del Ejecutivo estatal encargados del desarrollo de vivienda. La reserva fue votada en contra, por siete votos a favor, una abstención y 14 en contra.
