- Las instituciones violan la obligación de contar con traductores intérpretes para personas indígenas
- San Luis Potosí es la entidad más avanzada en materia de derecho para los pueblos indígenas: CNDH
A pesar de que muchos de los grupos indígenas habitantes de Aguascalientes ya son nacidos en la entidad, la discriminación por su grupo étnico continúa reforzándose tanto entre la población como en los diferentes niveles de gobierno, sobre todo cuando se trata de atención a la salud y asesoría legal, según lo indica Luis Fernández Castro, subdirector de Promoción, Difusión y Capacitación de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“El abuso de autoridad sigue presente en todo el país, muchos servidores públicos no tienen sensibilidad en torno a la importancia de los pueblos indígenas”, la cultura de la discriminación se presenta constantemente en todas las sociedades al creer que el hecho de conocer un poco más de la tecnología y vida contemporánea tienen derecho a tratar mal a los grupos originarios (pueblos indígenas).
Uno de los conflictos que la CNDH ha trabajado durante años es el abuso en materia legal que se les hace: “Se les inculpa de delitos que ellos ni cometieron y por falta de asesoría terminan encarcelados durante largos años”, en la mayoría son situaciones no tan graves que si tuvieran un asesor legal adecuado no tendrían que pasar más de un par de años o inclusive ni pisar algún Centro de Readaptación Social. Sin embargo en lugar de recibir apoyo legal en la mayoría de los casos se le atribuyen agresiones físicas y sicológicas por las mismas autoridades.
“No tiene una asesoría correcta ni un intérprete adecuado”, esto a pesar de que ya existe un catálogo nacional a nivel de intérprete y traductores creado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mismo que el visitador lamentó no ser tan conocido y además de que las instituciones no cuentan con los recursos suficientes para el pago de los mismos. Por ley se les obliga a tener un traductor intérprete pero en ella no se especifica cuáles son los presupuestos destinados en cada institución para contar con estas figuras, sobre todo en los ámbitos de procuración de justicia y salud, pues no basta que conozcan la lengua sino que también sepan del área por los tecnicismos.
El visitador indicó que muchas procuradurías locales y la federal sí cuentan con áreas que proporcionan traductores pero menos del 40 por ciento tienen ese rango de peritos especializados: “Casi todos son personas que conocen la lengua pero no el área penal o de salud”. La CNDH se apoya, por ejemplo, en los reclusorios, de la presencia de otros indígenas internos que conocen la lengua y hablan el español para que funjan como traductores; “aunque no es lo ideal es lo que tenemos al alcance”.
La Comisión tiene un programa específico de visitas a todos los centros de reclusión del país para revisar expedientes e identificar los casos que pueden resolverse con trámites sencillos a costos mínimos y aquellos con mayor dificultad canalizarlos con las áreas correspondientes, ya que más del 80 por ciento de los indígenas detenidos pierden muchos años de su vida pagando una pena que no les corresponde debido a una mala o nula información y asesoría.
La entidad más avanzada en legislación en materia de pueblos indígenas es San Luis Potosí, pues además de mantener una actualización constante en derecho, cuentan con su propio catálogo de poblaciones indígenas: “La verdad es que sí hay un retraso en la materia a nivel federal porque no hay una normatividad en lo que es la consulta de pueblos indígenas”.
Hoy unos de los grandes problemas es justamente la falta de consulta de pueblos indígenas, que va de la mano con el desarrollo urbano, político, económico, cultural y social del país, “por eso hemos tenido grandes problemas con pueblos como yaquis en Sonora o los wixárikas por los proyectos de carreteras que afectan a las zonas indígenas”, en el artículo 2 constitucional se dice que lo primero es consultar a los pueblos sobre la importancia y beneficio de tales proyectos y si están dispuestos a participar, dejar en claro cuáles serían las condiciones, “esto es justo lo que no se hace y por eso se generan los conflictos”.
Ser indígena representa negatividad a la salud
Históricamente la CNDH ha recibido grandes cantidades de quejas y denuncias por parte de grupos indígenas por una negatividad en el servicio de salud por el simple hecho de pertenecer a una comunidad étnica, no hablar el español y por su apariencia física: “en este sentido es uno de los mayores conflictos porque hay un esquema de diseminación en hospitales públicos y privados bastante arraigado”.
Los pueblos indígenas no son ajenos a las enfermedades crónico-degenerativas, y a pesar de ser un derecho humano establecido en la Constitución mexicana, el sistema público les brinda un servicio extremadamente limitado: “Pese a que se habla de una cobertura del cien por ciento en materia de salud la realidad es que no es cierto”, hay personas indígenas con cáncer que tiene que trasladarse más de cuatro horas para que le den una atención precaria y violatoria a sus derechos humanos.
Fernández Castro puso énfasis en que ninguna entidad se salva de esta discriminación étnica ya que se sigue con la mala idea de que los indígenas son ciudadanos “de segunda” y se les trata como bulto; “por eso en la Comisión trabajamos mucho en que debe haber una cuestión muy personal en las instituciones, donde la mala educación y falta de sensibilidad no tengan cabida en ellas”, desde la perspectiva del visitador, hace falta mucho aprendizaje entre la sociedad mexicana de la importancia que tiene estos pueblos para todo el bagaje cultural de la nación.
