En México, los partidos en el gobierno, sin excepción alguna, aprendieron del PRI esa singular capacidad de aplicar e infringir la ley según sus conveniencias y de acuerdo al dictado de los poderes fácticos. En el sector público, los órganos de control interno en todos sus niveles, en lugar de implementar programas que hagan eficiente el gasto y mejoren el desempeño del servicio público, se caracterizan con el contubernio de los medios de comunicación, en esconder los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos que, sabiéndose protegidos “desde arriba”, transforman la función pública en un “paraíso de impunidad” donde el cohecho, coalición de servidores públicos, concusión, ejercicio abusivo de la función pública, enriquecimiento ilícito, intimidación, peculado y tráfico de influencias están a la orden del día.
Las contralorías estatales y municipales, junto con los órganos superiores de fiscalización que dependen de los congresos locales, se han especializado en el “tapaos los unos a los otros”, sin que importen las fases de control interno que en la administración pública son fundamentales en el desarrollo del quehacer administrativo, en razón de que aportan elementos y ayudan a la toma de decisiones para que las políticas públicas cumplan con las metas y objetivos programados, y los recursos financieros se enfoquen exclusivamente en beneficio de la población a la que se dirigen.
En Aguascalientes, con el regreso del PRI, las cuentas públicas se volvieron a revisar al viejo estilo tricolor: a ciegas, con absoluta impunidad y después de 18 meses de haber concluido el ejercicio constitucional. A los ayuntamientos de Aguascalientes y Jesús María, presididos por Gabriel Arellano Espinosa y Gregorio Zamarripa Delgado, ahora diputados, se les exigió devolver a las arcas públicas más de 10 y 5 millones de pesos respectivamente. Sin embargo, con todo y las múltiples irregularidades y la exigencia del resarcimiento de sumas millonarias por parte del órgano fiscalizador del Congreso del Estado, no hubo delito que perseguir en territorio 33.74 por ciento del PRI. En un estado democrático y de derecho, fácilmente estaría encarcelado cualquier funcionario que utilizara el erario público en beneficio propio, tal como lo acostumbra la clase política del PRI.
Pero estamos en Aguascalientes y bajo el “reinado” de José Carlos y Lorena, donde todo acontece y nada pasa. Puede explotar la casa Jesús Terán Peredo impunemente y no por cuestiones culturales, sino por los tanques de gas utilizados para la venta de pescado frito en su interior sin que se finquen responsabilidades a nadie por los daños irreversibles al patrimonio histórico de Aguascalientes. Se pueden abrir antros como la Última luna sin los permisos municipales correspondientes, nada más porque el sobrino del Ejecutivo estatal y la alcaldesa de la capital así lo disponen. Se pueden abrir expendios de vinos y licores frente a instituciones educativas, o confinar residuos tóxicos en lugares prohibidos sin que ninguna autoridad verifique tales hechos. Se pueden habilitar SPA en oficinas públicas para torturar y nada pasa.
El profundo vacío moral, consecuencia de la enfermiza obsesión del gobernador del estado y la alcaldesa de Aguascalientes por lograr el éxito material vía la administración pública es una realidad que nadie puede negar. La corrupción se infiltró en sus diarias operaciones, vulnerando todos los controles internos que han hecho que en sus gobiernos las conductas delictivas sean la regla y no la excepción.
Fortalecer y modernizar las instituciones públicas es un deber que ignoran a su conveniencia José Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez Rodríguez. No son gratuitos los reclamos de la ciudadanía que les está exigiendo más transparencia y menos opacidad en el ejercicio de su actuar y la de todos sus colaboradores a quienes se les confió dinero público que no tiene por qué terminar en patrimonio familiar. Bien harían el gobernador y la alcaldesa en dejar de contar tantos cuentos y aclarar sus cuentas no sólo de cara a la sociedad, sino ante la justicia.
