- Tendrá que seguir la investigación un grupo multidisciplinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- La falta de credibilidad en las instituciones causará la intervención ciudadana en investigaciones de desaparecidos
Representantes de organizaciones civiles de todo el país apuntan a que a efecto del Informe Ayotzinapa y la investigación alternativa realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 será la creación de observatorios de vigilancia en cada entidad de las instituciones de procuración de justicia, sobre todo cuando se traten temas de desaparición de personas, e inclusive que intervengan en las investigaciones pues no se tiene credibilidad en las versiones oficiales.
En Aguascalientes, la vocera del Observatorio de Violencia Social y de Género, así como a nombre de las organizaciones civiles involucradas con las desapariciones de personas, Mariana Ávila, informó que el movimiento nacional comenzará con la exigencia de que la investigación se continúe por parte de un organismo autónomo de especialistas internacionales en materia de derechos humanos, “no queremos que continúe la PGR ni la Seido, porque ellos fueron los que montaron el escenario”, por lo que sería un grupo interdisciplinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que siga con el proceso de investigación de los normalistas y dé respuestas a las inconsistencias presentadas en el estudio del GIEI.
El caso debería de tomar el nombre de desaparición forzada por estar involucrados algunos miembros de la policía municipal, estatal y federal, pues mientras se siga mintiendo a la ciudadanía, la justicia nunca llegará a las familias de los jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados en el basurero de Cocula, “es una muestra más de la violencia estructural en México, de la falta de voluntad de las autoridades, de la corrupción y de cómo la autoridad está coludida con el crimen organizado”, recuerda que justo este grupo multidisciplinario muestra la cara que las autoridades han tratado de ocultar, donde las fuerzas militares mexicanas tienen como objetivo el proteger los intereses del crimen organizado y de las autoridades que están involucradas.
La línea de investigación que no se siguieron están en las recomendaciones del Informe conformado por más de 500 cuartillas de investigación científica, histórica y jurídica; como por ejemplo está implicado un quinto autobús en los hechos pero que no se menciona en el expediente de la PGR.
Para las organizaciones civiles encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas y respeto a los derechos humanos en Aguascalientes, es preocupante esta situación pues deja a los ciudadanos en un estado de indefensión e indignación, “es un tema que ha traído los reflectores a nivel internacional a partir de la creación de escenarios de mentiras de parte de las autoridades”, el cuestionamiento de los activistas es que entonces qué esperan todas las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, pues si la línea institucional continúa de esta manera nunca se tendrá certeza de lo que se les informa.
“La autoridad nos dice a todos los mexicanos que no hay ningún cuerpo porque fueron incinerados, no podemos creer esa versión cuando ni siquiera especialistas de la Procuraduría han demostrado sus versiones con documentos científicos”, desde lo local y nacional se puede observar una falta de credibilidad en las instituciones, una inexistencia de protocolos para las investigaciones, de personal científico con perspectiva de género y apegado a los derecho humanos.
En todo el país hay cerca de 27 mil personas reportadas como desaparecidas y no hay ni un 40 por ciento de avance en las averiguaciones; si se suman todas aquellas que por ignorancia de procedimientos nunca se reportan y mueren en el olvido, podría llegarse al estatus de genocidio.
