Una de las características fundamentales e indispensables para el buen funcionamiento del sistema democrático en una sociedad es la existencia de contrapesos políticos entre los tres poderes de gobierno; uno de los efectos del contrapeso de poderes es el poner límites al uso del poder político, así como a la utilización de los recursos de que disponen.
México tiene como forma de estado la republicana (no la monárquica); y su forma de gobierno es la presidencial (no parlamentaria), replicada en los estados con los gobernadores. Cuando un país republicano tiene la forma de gobierno presidencial, y además la combina con la parlamentaria (como muchos países como Francia, Alemania, Italia, etcétera), entonces el presidente de la República es el jefe del Estado, y el primer ministro es el jefe de Gobierno; el primero es elegido por todos los ciudadanos electores, y el segundo lo elige el parlamento (o Congreso). En este contexto, la existencia de contrapesos lleva a un mejor uso del poder político. En una República presidencial, a secas como la mexicana, la existencia de contrapesos se vuelve una condición no sólo indispensable, sino obligada, para que la sociedad tenga un gobierno eficaz y efectivo.
En la actualidad, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también volvió la búsqueda de la imposición de la hegemonía del poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes Legislativo y Judicial. El punto delicado se encuentra, precisamente, en la conciencia política que tengan en uno y en otro poder, como para sostener el libre y autónomo ejercicio constitucional, para no permitir que el Ejecutivo se imponga sobre ellos.
¿Cuál es el efecto del sometimiento y subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo? Que los trabajos y las decisiones altamente significativas sean tomadas de manera supeditada al presidente de la República, o, en el caso de los estados, al gobernador. En circunstancias como ésta, el Poder Legislativo tendría un papel fundamental para revisar el sano funcionamiento de los contrapesos que den a la sociedad un buen gobierno.
¿Por qué hablar del problema de la debilidad de los partidos políticos de oposición? Porque a nivel nacional desde el año 2013, y a nivel estado de Aguascalientes desde el año 2011, observamos que los legisladores de oposición no están mostrando congruencia y consecuencia con sus planteamientos y posicionamientos respecto de muchos problemas que están sucediendo y que no están siendo resueltos. Cuando un planteamiento y posicionamiento de un partido de oposición, por más preciso y categórico que pueda ser hacia un real problema de la administración pública y de la vida de la sociedad, se queda sin ningún efecto y no logra que el Ejecutivo lo tome en cuenta para cambiar su acción y resolver ese real problema, entonces, consideraremos que ese o esos partidos de oposición tienen una debilidad cuestionable (a pesar de las explicaciones de justificación que nos puedan dar).
¿Cómo podemos identificar la debilidad de los partidos de oposición? A través de la observación de lo que hoy está sucediendo: ante los hechos como la desaparición forzada de personas, los secuestros y extorsiones, la corrupción de gobernantes con empresarios, la ineficacia del combate a la pobreza, el rechazo a la libertad de expresión de periodistas, el bajo crecimiento de la economía, el mantenimiento de la violencia de la delincuencia organizada, la liberación y fuga de importantes delincuentes, la no sanción por la anulación de la elección de diputado federal del Distrito I en Aguascalientes, etcétera, legisladores de partidos de oposición han pedido -en algunos casos con notable estridencia y decisión- desde renuncia de funcionarios, destituciones, comparecencias, juicios políticos, hasta la formación de comisiones investigadoras. Los resultados de todo esto los tenemos a la vista: prácticamente nulos, porque “no pasa nada”.
¿Cuál puede ser la causa de la debilidad de los partidos políticos para efectuar el necesario contrapeso al presidente de la República y a los gobernadores de los estados? Entre varias respuestas, se encuentra una que tiene una influencia generalizada en ellos: el imparable crecimiento de recursos que están en sus manos, tanto como partidos políticos en el INE como en las Cámaras Legislativas, y la no transparencia y sí opacidad de su uso y aplicación por todos ellos.
Un dato interesante es el expuesto en la Evaluación de la LXII Legislatura (2012-2015), investigación realizada por Integralia Consultores, dirigida por Luis Carlos Ugalde: “En los tres años de la legislatura… ambas cámaras del Congreso (habrían) asignado recursos a sus grupos parlamentarios por 6,530 millones de pesos durante la LXII Legislatura”. Otro dato ilustrativo fue el dado a conocer por la diputada independiente saliente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Polimnia Romana Sierra Bárcena, no negado por sus compañeros: el total de ingresos en salarios, bonos y prerrogativas fue por más de 11.1 millones de pesos en los tres años (mayor desglose en El Universal, 9 septiembre). Además, según la información del INE, en el año de 2015 los partidos políticos recibieron la cantidad de tres mil 674.9 millones de pesos para su administración, actividades partidistas y campañas electorales.
Ahora, ¿cuáles son los efectos de la abundante derrama de recursos financieros que llegan a manos de los legisladores, incluidos los de oposición, “soltados” hoy en día por el presidente de la República y gobernadores de estado? Algunos que resultan ser claros son el de, casi-casi, “amarrarles las manos”, “callarlos”, “hacerlos cómplices”, y “domesticarlos” para evitar el contrapeso. El dinero “extra” es el “encantamiento de la serpiente”: es “legal”, pero ilícito e indebido; tiene el efecto semejante al alcohol, que arrulla y adormece.
Finalmente, ¿qué puede hacer la sociedad ante este panorama? Involucrarse con los partidos políticos, especialmente con los de oposición, para acompañarlos y poder demandarles que su liberación depende de que reciban sólo y estrictamente lo que corresponde a su salario; así podrán servir a la sociedad con efectividad.
