- La concesionaria no tiene facultad para subir tarifas sin justificación razonable
- La empresa ha manifestado que incrementarían las tarifas por la falta de pago
Tras las declaraciones del director de Proactiva Medio Ambiente Caasa, concesionaria del agua de la capital, sobre la obligación que tienen los usuarios de pagar sin importar la reforma realizada a la Ley del Agua, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local, Jesús Rangel de Lira, reclamó la poca responsabilidad social y el interés nulo que tienen en el bienestar de las personas, así como la tardanza de la autoridad municipal en sancionar las “barbaridades” de la empresa.
Desde su punto de vista, la raíz del problema fue que el gobierno municipal evadiera su responsabilidad y se la traspasara a una empresa privada, ya que ésta sólo ve el título de concesión como una oportunidad comercial y no para brindar un servicio prioritario como lo es el agua, “en lugar de llenarse los bolsillos debieran estar atendiendo el futuro de este vital líquido porque se está agotando”.
Criticó que Caasa ha sido una empresa muy opaca, mentirosa y manipuladora, pues durante los últimos años manifestó a la autoridad que el consumo de agua en el estado era de 600 litros por hogar diarios, y que en épocas de calor se eleva a 800 litros, lo que en la solicitud de amparo que emitió la concesionaria para suspender la reforma para los cortes de agua a quien no pague, los legisladores encontraron que en el documento se señala un consumo de mil 120 litros: “hay una enorme diferencia, siempre se ha dedicado a ocultar los datos reales”.
En la Comisión se hizo un conteo aproximado de las ganancias de la empresa; en Aguascalientes se tiene un promedio de 260 tomas domiciliarias que al multiplicarlo por un estándar de 200 pesos por mes que pagan los usuarios, mínimo recibe 52 millones de pesos mensuales, “es una burla que vengan y nos digan que no tiene dinero o que les está afectando la reforma; que nos diga Blancarte qué está haciendo con el dinero y cuáles son sus verdaderos ingresos”, pues si a este promedio se le aumenta las tomas de uso comercial y empresarial las ganancias son mayores como para que aseguren que el Congreso o el Ayuntamiento lo pretenden es dejarla en la quiebra.
Se puso énfasis en que la Comisión encontró los datos reales de lo que cuesta la extracción por metro cúbico, el cual no sobrepasa de los tres pesos, por lo que si el costo es tan bajo y su ingreso mensual promedia en 60 millones de pesos, no encuentra dónde estarían las pérdidas si todas las inversiones que les obliga el título de concesión las han implementado los gobiernos municipales y estatales, “el agua no debe ser un negocio, es un derecho humano y necesidad de la vida”.
Como diputado local se comprometió a mantenerse cercano al proceso que lleva el amparo, además de adelantar que buscará reunirse con el alcalde capitalino, Antonio Martín del Campo, para ponerse de acuerdo y diseñar una estrategia que evite que la concesionaria “se salga con la suya y se salte la ley”, e insistió que todos los órganos de gobierno deberían de sumar fuerzas y demostrar una representatividad real de la ciudadanía y sus necesidades.
Hizo un llamado a los usuarios a comparar datos y corroborar que no se les han hecho incrementos en los recibos sin justificación razonable, ya que en los últimos días la empresa ha manifestado que incrementaría las tarifas por la falta de pago; desde la legislación y el título de concesión especifica que la empresa no tiene facultad para subir tarifas sin justificación razonable ni previo análisis.
