- Ya no debe haber más indiferencia ni interpretaciones a lo que establece la Ley General de Personas con Discapacidad, sostiene Martín Orozco
- La verdadera problemática no son nuestras limitaciones motoras, sino las barreras del entorno físico o social
El senador Martín Orozco Sandoval presentó un punto de acuerdo junto con una propuesta basada en cinco puntos a fin de que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno cumplan con el marco legal existente en beneficio de las personas con alguna discapacidad.
Puntualizó que ya no debe haber indiferencia ni interpretaciones a lo que establece la Ley General de Personas con Discapacidad, y se deben cumplir sus objetivos en beneficio de más de 5.7 millones de personas consideradas en México, que representan el 5.1 por ciento de los habitantes en este país.
Orozco Sandoval reconoció un avance en las leyes y en la sensibilidad de la sociedad en cuanto al trato a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Tales son los fundamentos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su reglamento; el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad. Pero aclaró que si bien la ejecución de los programas corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, el resto de las secretarías obligadas no han dado cumplimiento al mandato legal.
Identificó como un primer obstáculo la dificultad de los estados y municipios para acceder a la información total y transparente, así como las reglas de operación y evaluación: “Basta consultar su portal o página oficial donde se observan la cantidad de programas publicados en las que incluyen a personas con discapacidad; sin embargo, se desconoce particularmente en el estado de Aguascalientes y sus municipios la implementación, ejecución y evaluación de estos programas, las reglas de operación, ni mucho menos los resultados obtenidos de ellos -pues dicho sea de paso- no se puede hablar como programas de desarrollo social e inclusión de personas con discapacidad el reparto de televisores y tabletas electrónicas”.
Convocó a que cada una de las secretarías obligadas en la Ley General, por conducto de las delegaciones federales en Aguascalientes, diseñen, difundan, ejecuten y evalúen los programas nacionales para las personas con discapacidad y faciliten el acceso a los mismos.
Abordó la inequidad en los recursos federales que se destinan para las dependencias que brindan atención a la discapacidad en México. En este año sólo hubo el incremento de poco más de 233 millones de pesos con relación al 2014, mientras que en otras áreas del sector público ha sido mayor, estando como ejemplo la Cámara de Senadores.
Además, las barreras arquitectónicas siguen representando un obstáculo para las personas con discapacidad. La mayoría de los edificios y espacios públicos no cuentan con la infraestructura adecuada para su acceso: “Es necesario que se establezcan estrategias y se ejecuten las acciones en los tres niveles de gobierno a fin de contar con diagnósticos y estadísticas que sean publicados de forma periódica y trasparente, asumiendo compromisos para actualizar o elaborar normas regulatorias, para lograr un entorno físico o social accesible, adoptando medidas y ajustes razonables para eliminar y erradicar los obstáculos en instalaciones públicas y privadas, y aplicando el diseño universal, de acuerdo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, con el apoyo del INEGI”, recomendó el senador.
También está la falta de armonización legislativa, sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En la ley General y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se buscó garantizar que en principio como mínimo el 3 por ciento de las vacantes laborales existentes en la administración pública sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad; siendo que en estados como Aguascalientes en la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad establece para el sector público la obligación de otorgarles un mínimo de 2 por ciento de la planta laboral.
El senador planteó el panorama actual que guarda la discapacidad en este país. En 19 de cada 100 hogares reside una persona que presenta algún problema de movilidad, audición o de la vista, siendo las personas mayores de 60 años de edad, el sector de la población con mayor incidencia.
También consideró al sector de la población joven que enfrenta contextos de exclusión y de discriminación que violentan sus derechos. Citando los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), más de 674 mil jóvenes declararon tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas del funcionamiento humano.
Así, quienes tienen entre 15 y 29 años padecen esa condición, lo cual equivale a casi dos millones jóvenes. Destacó al mismo tiempo, la importante participación que puede tener la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para difundir información sobre las garantías que tienen las personas con discapacidad y vigile su respeto pleno.
Exhortó finalmente a no ser parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, entendiendo que “la verdadera problemática no son nuestras limitaciones motoras, sino las barreras del entorno físico o social, que hace imposible nuestra inclusión a la sociedad”.
