- Considera Pilar Moreno que el asunto ha recibido un trato frío
- Los afectados han pedido acción penal en contra de quien afirman intenta despojarlos de terrenos
Pilar Moreno Montoya se dijo extrañado por la permanencia del conflicto de propiedades en la comunidad de Sandovales, perteneciente a El Llano. Cuando diputado federal, dijo el priista, se ejerció la presión prudente para dar certidumbre a 50 propietarios de terrenos y casas habitación, quienes se dicen despojados por Cruz García Ramírez: “Pedimos a nivel central incluso que se hiciera un llamado de atención, lo cual sucedió, para que en Aguascalientes hubiera una respuesta rápida”.
Los afectados cuentan con una sentencia emitida el 21 de octubre por el Juzgado Segundo de lo Civil. En el documento se refiere la nulidad de la escritura 30827, en poder de Cruz Ramírez, al que además se señala por influir “sobre un objeto ajeno”.
Ellos también han insistido en la posesión de títulos de propiedad que datan de 1946 y que el imputado trata de privarlos de 29 hectáreas mediante un “amañado levantamiento topográfico”.
Pilar Moreno solicitó que la sentencia del juzgado “no se quede, que se ejecute, que efectivamente se detenga a quien tenga que detenerse para no estar provocando inestabilidad emocional de los verdaderos poseedores de la tierra y de la vivienda”.
Apenas el 28 de octubre decenas de habitantes de Sandovales acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del estado para exigir “acciones más enérgicas” en contra del presunto infractor. Ahí lamentaron la lentitud con que se desarrolla el caso.
El exdiputado apuntó ayer que “seguramente esto será cuestión de que el área administrativa le dé celeridad, de que las gentes no quiten el dedo del renglón. Lamentablemente debemos decirlo, existen situaciones leguleyas, no legales, en donde efectivamente ha habido defensas de un solo individuo”. Consideró enseguida que el caso ha recibido trato frío.
Durante la última visita a la Fiscalía, José Hernández Rivera, uno de los manifestantes, dijo que el grupo consideraba que la información aportada era suficiente para ejercer acción penal en contra de Cruz Ramírez, cuyo domicilio, ubicado en esta capital, fue proporcionado a la autoridad: “Nosotros tenemos documentos de propiedad de 1946 a 1976, fue cuando se hizo la última venta por don Genaro Esparza de la Rosa (…). Ha habido dos desalojos. A Javier Durón lo despojó de su predio, que es un salón de fiestas con mañas jurídicas (…). Empezamos a acudir a las autoridades del estado con el propósito de que se clarificara el problema, de pedirles su intervención para que nos dijeran si nosotros estábamos en el error, pero lamentablemente ha avanzado muy lento”.
