- Antonio Salazar Ramírez, indígena originario de Oaxaca, fue atropellado el lunes, requiere de placas en las piernas con un valor de más de 20 mil pesos
- Ni en el proceso jurídico ni médico recibió apoyo de un traductor, no habla español
- Hay medida cautelar de Derechos Humanos
Un hombre atendido en el Hospital Hidalgo podría perder sus piernas por falta de atención quirúrgica, ya que le solicitan la compra de material con valor de más de 23 mil pesos para acceder a la operación; Antonio Salazar Ramírez de 68 años de edad es un adulto indígena originario de La Escopeta Peras, Oaxaca, que habita en Aguascalientes, fue atropellado el lunes en la avenida José María Chávez, habla mixteca, no español.
A lo largo del proceso legal su hija, Matilde Salazar Mendoza, de 20 años de edad, no recibió atención de un traductor como lo indica la ley, a pesar de no comprender bien el español, sus vecinas fueron quienes la apoyaron en el Ministerio Público para que no firmara el perdón ni documento alguno que eliminara la responsabilidad de la persona que atropelló a su padre.
Al visitar en su casa, una vecindad ubicada en el barrio de La Purísima, explicó (con apoyo de sus vecinas) que el conductor era un joven a quien le otorgaron la libertad por una fianza mayor a 30 mil pesos, ya que para el miércoles le anunciaron que el peritaje señalaba al señor Salazar Ramírez como responsable por estar parado en una zona no peatonal (debajo de la acera).
“El miércoles le entregaron una hoja en el hospital sobre lo que necesitaba para la operación, son más de 23 mil pesos, cómo los va a conseguir si no tienen ni trabajo, está sola con una niña de dos años y una viejita de 80”, la cirugía estaba programada para ayer jueves a las 15:00 horas, sin embargo, por la falta del material no fue intervenido.
Esta familia es de las más humildes de la vecindad, según indican los habitantes de la misma, han viajado desde Oaxaca en varias ocasiones en busca de trabajo, inclusive su regreso lo tenían preparado para el martes, ya que en su pueblo cuentan con más familia a su cargo que requieren de recursos para su alimentación.
Según Matilde, su padre cuenta con el sistema de Seguro Popular pero no quisieron atenderlo por ser foráneo: “nos dijeron que por ser de Oaxaca no servía en Aguascalientes y por eso lo llevaron a ese hospital”, sus vecinas reclamaron la mala atención que se les brindó, tanto en el Ministerio Público como en el Hospital Hidalgo, por no contar con recursos económicos para pagar de inmediato el servicio. En ningún momento tuvieron asesoría jurídica ni traductor que les explicara el procedimiento legal, lo cual se considera una violación a sus derechos humanos.
Para la tarde de ayer, el diputado Israel Sandoval Macías, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, dio acompañamiento a la hija para presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH), además de exigir que no se le retirara el servicio médico. Tras casi una hora de diálogo con el ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, se concretó la queja y las gestiones con la autoridad de salud estatal para que el afectado fuera atendido como lo requiere.
Se explicó que explorarán dos vertientes en la atención del caso, la primera que no se puede dejar sin atención médica a ninguna persona: “la cuestión aparente se complica porque requiere de prótesis que no la tienen en el hospital y debe ser adquirida de manera externa”, lo que se acordó fue la posible solución a través del Fondo Nacional de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que como se ha mencionado en anteriores ocasiones, se le ha dado poco uso, pues durante el 2015 se atendieron 127 casos en todo el país.
La otra línea sería por el fondo estatal que existe por parte de la Fiscalía General del estado. La primera diligencia fue ponerse en contacto con la autoridad de salud, con Francisco Esparza Parada, para solicitarle la atención inmediata: “el secretario nos ofrece que se hará la atención y seguimiento de las gestiones necesarias para que se dé este fondo”, mientras tanto, la CEDH emitió una medida cautelar al Hospital Hidalgo con la indicación de que no puede ser suspendido ningún tratamiento si se pone en riesgo la salud de cualquier paciente, en este caso, que pudiera implicar incluso la pérdida de un miembro, según se le explica al ombudsman en la queja 05/2015, recibida por el visitador general Roberto Reyes Jiménez.
Martín Jáuregui comentó que independientemente de la responsabilidad de la persona que lo atropelló, existe la responsabilidad que tiene una persona que maneja un vehículo sobre lo que puede ocasionar con su uso: “ya se emitió la medida cautelar, nos comunicaremos con el fiscal para pedir que se nos diga el mecanismo a seguir para este fondo”.
Para las 19:00 horas de ayer, el abogado al que se le asignó el caso llegó al hospital para explicarle a Matilde que el oficio para que no se le negara la atención ya había sido entregado, que continuara con la presión en el nosocomio hasta que recibiera el servicio médico indicado.
