- Tres dimensiones distintas construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados, funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia
- Datos del Índice Global de Impunidad 2016, realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla
Información publicada en el reciente Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, sitúa a Aguascalientes entre los estados con altos niveles de impunidad.
El Índice de Impunidad de México es resultado del análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas al INEGI, los datos corresponden a los censos de gobierno aplicados en 2014. Está compuesto por información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), funcionamiento, y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Cuenta con 19 variables que a su vez incluyen 35 indicadores entre los que se encuentran presuntos delitos cometidos por cada cien mil habitantes, personal en las procuradurías, porcentaje de personal de Seguridad Pública aprobado, procesos por causas penales concluidas, porcentaje de sentencias condenatorias y porcentaje de sentenciados condenados entre total de delitos consumados.
“La impunidad es multicausal porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica, surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países. Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Es un problema de gobernanza, en otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Por lo anterior, se necesita la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales”, se lee en el estudio.
De las 32 entidades federativas del país, terce (Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, Estado de México y Quintana Roo) se encuentran en la categoría muy alta de impunidad, once (Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos) en alta, cinco (San Luis Potosí, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas) en media, dos (Campeche y Nayarit) en baja y Michoacán calificado como estado atípico por la situación que enfrenta el estado, misma que no garantiza certidumbre en los datos otorgados.
El estado con mayor porcentaje de impunidad es Quintana Roo, con 76.61 puntos, seguido del Estado de México con 76.48 puntos y Baja California con 74.42. Mientras que Campeche es la entidad menos corrupta con 47.22 puntos, sólo por encima de Nayarit, que registra 50.42 puntos.
La media nacional propuesta por el estudio es de 67.42, Aguascalientes se encuentra negativamente por encima de dicho promedio con 68.37 puntos.
Del estado se observa que el número del personal respecto del sistema de seguridad es precario, es decir, tanto el personal en las procuradurías como el destinado a funciones de Seguridad Pública es insuficiente respecto de las averiguaciones previas iniciadas.
En Aguascalientes existe un promedio de 33.8 personas destinadas a funciones de Seguridad Pública, mientras que la media nacional es de 160.5; estos indicadores permiten observar que la dimensión funcional del sistema de seguridad tiene grandes problemáticas, ya que no existe un número suficiente de personal, tanto en agencias del Ministerio Público, procuradurías y personal relacionado con la seguridad pública, lo que puede derivar en una dificultad para investigar y reunir las pruebas necesarias para identificar a los inculpados o infractores. Por lo tanto, los casos que reúnen elementos suficientes para poder ser turnados a los tribunales son muy pocos.
Los distintos tipos de robo son los delitos más cometidos en el estado, pero el porcentaje de encarcelados por robo, entre robos en averiguaciones previas iniciadas, es apenas de 5.9%, mientras que la media nacional es de 10.3%.
Con respecto al sistema de justicia, se observa que sus indicadores se encuentran, en su mayoría, por encima de la media nacional, es decir, el estado tiene una mayor fortaleza relativa en el número de personal penitenciario o el de personal carcelario, en contraste destaca una debilidad en el número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes, ya que sólo cuentan con tres, mientras que la media nacional es 3.5, la cual en sí es muy baja.
En cuanto a la dimensión funcional del sistema de justicia, se muestran indicadores también por encima de la media nacional, por ejemplo, el porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios es de 79.3 por ciento, superior al nacional que alcanza 58.41 por ciento. En el único aspecto que se encuentra sobre la media nacional es respecto al número de policías judiciales por cada cien mil habitantes.
El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia es muy alto, casi el doble de la media nacional (63.6 por ciento), es decir, hay muchos encarcelados que esperan sentencia. Este porcentaje contrastado con el porcentaje de ingresos penitenciarios, que también es muy alto, refleja un rezago en el sistema de impartición de justicia.
Se detecta que la entidad cuenta con poco personal en las agencias del Ministerio Público, así como en el personal requerido para seguridad pública. Esto sugiere que la funcionalidad es precaria, ya que se abre un gran número de averiguaciones previas, pero el número de condenados es muy bajo.
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en el estado son: lesiones, robo a casa habitación, otros robos, robo a negocio y daño a la propiedad.
Es importante mencionar que la cifra negra del estado es de 92.9%, estando así a la par de la media nacional, la cual es de 92.8%. Estas cifras son preocupantes ya que permiten observar que sólo alrededor del 7% de los delitos cometidos son reportados. El estudio agrega que en Aguascalientes entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio en 2014 pero aún se encuentra en desarrollo, con un avance del 86 por ciento.
Las fases referentes a la impartición de justicia también tienen deficiencias importantes, ya que únicamente se logran 882 sentencias de los tres mil 106 procesados, esto representa apenas un 28%.
Entre las recomendaciones planteadas por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia para todo el país, se encuentra implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local; revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia en los estados; promover y proteger el ejercicio de la profesión del periodismo independiente; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario; revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos; fortalecer las fiscalías especializadas en delitos graves y promover iniciativas de gobierno abierto.
