- Se ayuda de presupuestos federales
- Hay 729 servidores públicos en el Poder Judicial
El Poder Judicial del estado gasta el 90 por ciento de su presupuesto total únicamente en el pago de la nómina a su plantilla laboral. El año pasado, el Poder Legislativo le aprobó un presupuesto anual de 268 millones 301 pesos, de los cuales sólo el 2.5 por ciento se destinó a mobiliario y equipo, y una cantidad semejante a materiales y suministros; además de un cinco por ciento a servicios generales, el resto se ejerció en el pago a trabajadores.
Según consta en el informe de actividades del 2015 presentado ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso estatal por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, el órgano a su cargo cuenta en su planilla laboral con 729 servidores públicos, de los cuales el 78.5 por ciento (570) atienden diversas funciones en las áreas jurisdiccionales, y el 21.5 por ciento (159) están asignados a áreas administrativas y de apoyo.
Se agrega que se ha equilibrado entre ambos sexos gradualmente la ocupación en los puestos decisivos para la función jurisdiccional. Dentro del Poder Judicial existen siete magistrados y tres magistradas, 19 jueces y 15 juezas, 60 secretarias de acuerdo y trece secretarios de acuerdos, y de personal base 152 hombres y 331 mujeres.
“Hemos tenido particular cuidado en impulsar la política adoptada por el Estado mexicano -como una de las medidas de estímulo y protección de los derechos humanos- de respaldar en forma proactiva la igualdad de género en la institución. En consecuencia, se diseñó un Programa de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a fin de analizar los factores asociados al género que afectan el ascenso de las mujeres, conforme al Diagnóstico sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia”, se lee en el documento.
Este año el Poder Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; deberá concluir con la implementación total del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Los recursos tanto para la construcción de la infraestructura necesaria como para la capacitación y las necesidades que requiere la armonización del estado con el nuevo sistema, provienen en su mayoría de recursos federales y otros fondos. La fecha estipulada es el 27 de mayo: “Para suministrar la capacitación, fundamental para mejorar la calidad de la función administradora de justicia, se aplicaron recursos del Fondo de Administración de Justicia, y en la edificación y equipamiento de los Juzgados de Control para el sistema de oralidad penal, se recibió apoyo del Fondo para la Seguridad Pública y el subsidio federal vía Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec); así como el fondo denominado Iniciativa Mérida, este último para equipar con tecnología de última generación las salas de juicio oral penal y las del sistema de justicia de adolescentes”, aseguró Ponce Sánchez durante la presentación.
