Hace algunas semanas, en una plática sobre fiscalización de recursos públicos, alguien señaló atinadamente (y con cierta ironía) que las auditorías en México nos decían, con mucho retraso, “la razón por la que había muerto el difunto”.
La realidad es que algunos procesos de gestión pública en México están diseñados de manera tal que las auditorías ex post tornan prácticamente inocuos los procesos de fiscalización, lo cual dificulta “señalar culpables o reparar el daño” en el caso de existir manejo indebido de recursos o detección de irregularidades. Por supuesto que la intención de “resucitar al susodicho o rehacer el proceso” es prácticamente imposible.
Dos casos ilustrativos de lo anterior para este 2012 son: el gasto público y la elección presidencial. El gasto público de este año terminará de ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación hasta octubre de 2014, es decir, casi dos años después de que concluyó el ejercicio de los recursos. La elección presidencial de este año estaba programada por la ley para terminar de fiscalizarse el 3 de julio del 2013, es decir, casi un año después del día de la jornada electoral. Y aún cuando el Consejo General del IFE decidió adelantar la presentación del informe de gastos de campaña realizado por la Unidad de Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) a finales de enero 2013, la fiscalización concluirá casi 5 meses después del dictamen de validez de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Qué incentivos tienen los políticos y los funcionarios públicos en un país donde la labor de las auditorías realizadas al gasto público se conoce casi 2 años después de que los recursos fueron ejercidos? ¿Cómo podemos legitimar el gasto realizado en una campaña presidencial, cuando el informe de revisión de las cuentas de los partidos se conoce casi un año después de validar las elecciones, y casi siete meses después de que el presidente electo ha tomado posesión?
Ambos procesos son fundamentales para el funcionamiento de una democracia, pues la elección del Presidente y la función del Estado de ejercer recursos públicos determinan en gran medida el rumbo de una nación. No obstante, la temporalidad en la fiscalización de ambos procesos, definida en el marco legal, limita la efectividad de dicha labor, pues reduce la probabilidad de identificar responsables de malos manejos en el presupuesto, y la posibilidad de mejorar la gestión pública.
En un ejercicio de evaluación de ambos procesos, es necesario ser justos con los órganos fiscalizadores, tanto el IFE como la ASF han realizado trabajos excepcionales en sus respectivos ámbitos, y son ejemplo de madurez institucional y mejores prácticas para otros organismos. Sin embargo, existen aspectos relacionados con las atribuciones de estos organismos que deberían estar en el centro del debate público, por ejemplo: si el IFE debe continuar con la labor fiscalizadora del gasto de partidos, pues ése no fue su mandato primario; o si la ASF, que fue creada con una función de Auditoría del gasto público, requiere de capacidades sancionatorias o autonomía constitucional.
Por otro lado, los actores políticos y, en específico, los partidos políticos no pueden proclamarse víctimas de estos procesos o solicitar adelantar los tiempos de fiscalización, pues fueron ellos mismos quienes definieron las reglas del juego. Pero es precisamente la politización en la aprobación de reformas electorales, o en la discusión del presupuesto lo que ha sido tan pernicioso para la definición de una mejor regulación en los dos ámbitos.
Los saldos para el ciudadano son: un gasto público sin resultados visibles en los ámbitos económico, social y de seguridad pública, así como un proceso electoral teñido de un halo de desconfianza e ilegitimidad. La idea no es promover un enfoque meramente punitivo, sino generar certidumbre en los procesos y estimular un uso más racional de los recursos públicos. Aunque ya se promulgó hace unas semanas la Reforma Política, y ya se habla de una nueva generación de reformas electorales, todavía no se vislumbra un sentido de urgencia en nuestra clase política. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil ,mantendremos nuestro compromiso de realizar un marcaje sin tregua al gasto y a los resultados de las políticas públicas. n
– Mariana García
Investigadora de México Evalúa
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