La semana pasada, en una entrevista, el director del IMSS, Mikel Arreola, dijo que estaba preparando una iniciativa mediante la cual aquel ser humano que no haya dicho, o de otra manera oficialmente declarado, que no es donador de órganos, en su momento le serán extraídos aquellos órganos que puedan servir para trasplante. Esto a todas luces sería una ley expropiatoria de los cuerpos humanos, y la autoridad dirá qué órganos le serán extraídos, y a dónde enviarlos.
Esto a todas luces estaría violando el derecho humano de la voluntad que tiene cada uno de nosotros para determinar si es donador o no; así mismo se viola el derecho a saber para quién, en caso de ser donador, será entregado. Todo esto a causa de la desconfianza hacia las personas que manejan las instituciones, pues lo primero que nos viene a la mente es que tenemos el derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo después del fallecimiento; si esto prospera, al rato las autoridades decidirán quién se va a cremar y quién no. Esto junto con una burocracia corrupta, decidirán a quién le extraerán un órgano y a quién entregárselo. Seguramente será para quien tenga recursos o influencias.
¿Quién va a garantizar que no se va dejar morir a alguien por sacar un órgano que alguien necesita? Esto en un país donde la corrupción y la impunidad imperan, es menos que imposible que se tenga confianza de que se actuaría con ética y responsabilidad. Es verdaderamente increíble que se atrevan a esto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo para el uso de la mariguana para usos “recreativos”; esto basado en el derecho humano a que alguien decida que utilizar o no para su cuerpo, y ahora se quiere legislar para que se expropien los cuerpos de todos los mexicanos.
Sólo como un ejemplo podemos citar que la Segob avisó que el 30 de abril se termina el convenio firmado el 12 de noviembre del año pasado con la CIDH, para que viniera a México el grupo interdisciplinario llamado GIEI, pues, según su opinión, ya no es necesaria su presencia en nuestro país a pesar de que no se ha aclarado que sucedió con los muchachos y de que el ex procurador, Jesús Murillo Karam, tiene una cita con la comisión de este caso en la Cámara de Diputados este 6 de abril. Esto es preocupante, pues la intolerancia comienza a ser evidente en el quehacer gubernamental.
Pero no sólo este caso es el preocupante, pues ahora se va a discutir una iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto el 22 de octubre de 2013, la cual pretende modificar la ley reglamentaria del artículo 29 de nuestra Constitución Política, y que se encuentra en la Cámara de Diputados; esta modificación consiste en una ley que permitiría al presidente de la república a decretar una suspensión de garantías y derechos individuales de los mexicanos, cuando él considere que es necesario por alteraciones al orden público, o por un peligro inminente que afecte a la población. Esto no es nuevo, pues en el Estado de México ya existe una, la cual está siendo combatida por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Todo esto es muy preocupante pues ahora nos encontramos ante un sistema que quiere tomar decisiones a nombre de los mexicanos de manera discrecional, y esto daría al traste con los pasos que se han dado hacia adelante, y que se han dado a raíz de que los derechos humanos fueron subidos en el artículo primero de nuestra Constitución, como un derecho inalienable y prioritario para todos los habitantes de este país. Por lo tanto, no podemos perder nuestros derechos por default.
