En entrevista para La Jornada Aguascalientes Vicente Pérez Almanza, regidor en el Cabildo capitalino y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que las leyes relacionadas con la seguridad pública se han ido haciendo mucho más rígidas cada día: los candados y los métodos de control ayudan a contar con elementos mejor preparados y con un mayor nivel de confianza, pero no se deben olvidar los derechos de los elementos que salgan bien librados de algún juicio al que se les haya sometido, ni que se les niegue la reinstalación de sus funciones.
Una de las situaciones que las autoridades reconocen es que las personas despedidas encuentran como única fuente laboral a la delincuencia organizada, “esto se da en la mayoría de los casos en los que sí han sido castigados y que existe una pena que aplicarles a los elementos”. El conflicto al que se enfrentan los elementos inocentes o que incurrieron en sanciones mínimas, es que no existe un plan integral que los reintegre a sus labores policiacas o de seguridad pública.
En estos momentos se requieren leyes más flexibles. Las autoridades deben darse el tiempo de analizar cada uno de los casos, ya que se ha contado con buenos elementos que han sido cesados de sus funciones por sanciones mínimas, “uno de los ejemplos es el examen de control de confianza, ya que el reprobarlo no significa que sean malos elementos”. Dentro de la prueba existen algunas cuestiones que determinan la viabilidad de que continúe o no, al frente de la corporación algún elemento.
Otra de las cuestiones que encuentra Pérez Almanza es que la población se mantiene en una negativa hacia los elementos que han sido enjuiciados: los colocan en un estatus de delincuentes y por ende los califican como malos elementos.
