- La norma en discusión permite que las niñas mayores de doce años puedan acceder al aborto en caso de violación
- Nos debemos vacunar contra esta norma: Ruiz Esparza; Varona Rodríguez le responde que la norma no violenta la autonomía del estado
El presidente de la Mesa Directiva en la diputación permanente, Ulises Ruiz Esparza, promoverá una controversia constitucional en contra de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046) que fue reformada el 24 de marzo, para que las niñas mayores de doce años puedan acceder al aborto en caso de violación bajo protesta de decir la verdad, sin necesidad de presentar una denuncia ante las autoridades, o de contar con la autorización de los padres o tutores a fin de que no pierdan tiempo en el trámite mientras la gestación avanza.
Para el panista la reforma de la norma contraviene las disposiciones legales estatales establecidas en el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, el legislador consideró que la legislatura está obligada a impugnar dicha norma porque significa “abrir una puerta peligrosa” debido a que alude a la buena fe de las víctimas. El llamado fue a “vacunar” al estado lo antes posible de lo establecido en la Federación: “Es algo que vamos a valorar y que yo pido que valoremos esta semana en el periodo de sesiones. Me preocupa de sobremanera que estemos yendo en contra de nuestro Código Civil que habla de la tutela de los padres al permitirles a los niños -porque no puedo llamarles adolescentes- que puedan abortar con una simple firma de un formato. En segundo lugar va contra la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, incluso para mí se contrapone a la Ley de Víctimas, y en tercero a nuestro Código Penal que especifica claramente cuándo se puede tener un aborto. Más allá del debate que se pueda dar de quien está a favor o en contra de este tema, me parece que se están trastocando las leyes y la autonomía del estado, no puede ser que con una simple firma una niña pueda recurrir al aborto, no cumple con los ordenamientos dicha norma oficial. Yo siento que las y los diputados de esta legislatura estamos obligados a impugnar dicha norma oficial ya que debemos de salir en defensa de la autonomía de Aguascalientes como estado libre y soberano. Inclusive tengo preparada una controversia constitucional que presentaré ante las instancias correspondientes. Creo que nos debemos de vacunar contra esta norma. El plazo para presentar la controversia vence el 6 de mayo”.
El legislador utilizó como argumento el respeto a la “objeción de conciencia” por parte de los médicos. Sin embargo, la ley mandata que todo personal médico debe garantizar el derecho a la salud de las víctimas sin aludir a creencias personales: “Algo que decía mi compañero diputado Leonardo Montañez y que platicaba con el obispo (José María de la Torre), si para entrar un muchacho a la radio o a una entrevista tiene que tener la autorización de sus padres, ahora resulta que para tener un aborto no la tiene que tener. Y decía el obispo que no entiende cómo se acaba de modificar una ley que prohíbe que se casen menores de edad, y ahora cómo va a permitirse que una niña de doce años pueda abortar sin el consentimiento de sus padres. Pido que tengamos una revisión puntual para no dejar la puerta abierta”.
La norma fue reformada luego de una recomendación emitida al Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de conocer -en 2002- el caso de “Paulina”, una niña de trece años que el 13 de julio de 1999 fue violada sexualmente en Baja California y a quien se le negó el derecho al aborto legal. El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió, entre otras cosas, a actualizar la NOM 190-SSA1-1999, relativa a la atención médica a la violencia familiar, así surgió la NOM-046.
En respuesta, el coordinador de la bancada del PRI y PVEM, Jorge Varona Rodríguez, indicó que se evalúa en conjunto con otros poderes del estado, ya sea la controversia constitucional de la norma o un exhorto a la Secretaría de Salud para esclarecer la interpretación de la misma, la balanza favorece la segunda opción: “Ya ha habido un diálogo con representantes de otros poderes públicos, el Poder Judicial del estado, el Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para integrar un grupo de trabajo y de manera conjunta analizar el tema, tomar una decisión respecto a si procediera una controversia constitucional o el caso de un exhorto a la autoridad de salud para la correcta interpretación y aplicación de esta disposición. Me parece que es más por el lado del exhorto”.
Varona Rodríguez dejó en claro que la norma no violenta la autonomía del estado de Aguascalientes, ni su orden jurídico: “Algo muy importante en la reforma es la buena fe, que es realmente la base sobre la cual se reformó esta norma oficial. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas, de ahí que solamente están pidiendo que la víctima haga una declaratoria y suscriba confiando en la honestidad de que fue víctima de un abuso, los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derecho de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera. La denuncia es un derecho de la víctima, no una obligación”.
“El principio es evitar la doble revictimización, la niña o adolescente que haya sido víctima de una agresión sexual no debe ser revictimizada. La norma que obliga al personal médico de las instituciones públicas de salud, establece que en todos los casos deberá brindar a la víctima en forma previa a la intervención, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea informada conforme a las disposiciones aplicables, es decir, el Código Penal, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil del Estado, no está violentando la normatividad del estado.”
