- La mortalidad infantil es del 11.8 por ciento
- Según datos del estudio realizado por Save the Children
Un estudio realizado por la organización mundial Save the Children en México sobre el embarazo y la maternidad en la adolescencia, ubica a Aguascalientes con una tasa de mortalidad materna del 22.1 por ciento por cada 100 mil nacidos vivos, así como una tasa del 11.8 por ciento de mortalidad infantil por cada 100 mil niños menores de cinco años.
Los estados que se ubican con mayor tasa de mortalidad materna en adolescentes son Durango, con 71.2 por ciento; Chiapas, con 68.1 por ciento; e Hidalgo, con 65.5 por ciento. En ninguno de los tres estados, la tasa de mortalidad infantil es menor al 16 por ciento, en Chiapas alcanza el 17.9 por ciento, aunque el estado con mayor porcentaje es Oaxaca, con el 18.5 por ciento de defunciones en menores.
Los de menor porcentaje son Morelos, con 9.1 por ciento; Baja California Sur, con 15.9 por ciento; y Nuevo León con 17.6 por ciento. En ninguno de los tres casos el porcentaje de mortalidad infantil es mayor al 14.1 por ciento.
La investigación es parte del proyecto Estado Mundial de las Madres, un reporte anual que realiza Save the Children para poner en la mira problemáticas y retos a los que se enfrentan las madres en todo el mundo, en el ejercicio de sus derechos y para poder asegurar el bienestar y supervivencia de sus hijos.
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes: ocurren 77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.
Dos de cada diez nacimientos en México son de una mujer menor de 20 años y estos nacimientos en adolescentes han ido en aumento. Entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del ocho por ciento, no obstante, entre el 2007 y el 2012 hubo un incremento de cerca del 15 por ciento, cuando en 2012 se registraron 468 mil 116 nacimientos de mujeres menores de 20 años.
Save the Children agrega que el embarazo adolescente es una situación que deriva del incumplimiento de los derechos humanos de los adolescentes; parte de una problemática integral relacionada con la falta de oportunidades de desarrollo, de educación, salud y protección. A su vez, un embarazo a temprana edad puede representar el incumplimiento de los derechos humanos de los adolescentes, pero en particular de las mujeres: es probable que no terminen sus estudios, que no tengan las oportunidades adecuadas para su bienestar financiero, que limiten su desarrollo personal y que repliquen el ciclo de pobreza.
Además, el embarazo adolescente es un problema de salud pública que puede poner en riesgo la propia supervivencia de las adolescentes, pues al no contar con el desarrollo físico adecuado, tienen mayores probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto que las mujeres adultas, y aumenta también la probabilidad de tener un nacimiento prematuro y que el bebé nazca con bajo peso.
La falta de información y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, los estereotipos de género, las relaciones de poder desiguales, la discriminación y desigualdad, la violencia sexual y de género, los matrimonios infantiles y la falta de oportunidades económicas son algunos de los factores analizados que tienen influencia en la decisión de tener hijos a temprana edad.
La existencia de métodos anticonceptivos no garantiza su uso, por lo que el reconocimiento por parte del estado, las instituciones de salud pública y de la sociedad de que las y los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, es fundamental para su garantía y para que disminuyan los embarazos no deseados.
El embarazo a temprana edad pone en riesgo incluso la propia supervivencia de las adolescentes. En México se observa un alza sostenida de 137 a 142 defunciones maternas adolescentes entre 2010 y 2014, que representan 12.71 por ciento y 13.89 por ciento del total de muertes maternas. Un alto porcentaje de las muertes maternas adolescentes -el 70 por ciento- se presentó bajo atención médica. Es decir, que en sentido contrario a la política que pone el acento en la cobertura de salud como el principal modo de descender las tasas de mortalidad materna, las muertes maternas en adolescentes se presentaron bajo atención médica.
En la investigación, Save the Children manifiesta su reprobación ante la estrategia lanzada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para prevenir el embarazo en niñas adolescentes: “La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) es un esfuerzo del Gobierno Federal en su conjunto por impulsar una política interinstitucional de largo plazo con el objetivo de reducir el número de embarazos en adolescentes en México. La estrategia, aunque tiene varios aciertos, carece de un marco realista para llevar a cabo sus objetivos, entre lo que destaca que: contempla varias acciones públicas, pero carece de reglas precisas para el ámbito operativo; no hay un enfoque que revise las causales socioeconómicas del embarazo adolescente; no existe claridad sobre el ejercicio y disposición del financiamiento con el que cuenta; no define con claridad un mecanismo de rendición de cuentas; focaliza la salud sexual en los varones y la salud reproductiva en las mujeres”.
En Aguascalientes, desde enero de este año el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Gipea) fue inaugurado por Lorena Cruz Sánchez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Cinco meses después, dicho grupo sigue sin comenzar a trabajar en el estado.
Save the Children recomienda al Estado Mexicano “asignar una partida presupuestal progresiva para la Enapea, debido que al ser una iniciativa innovadora y que agrupa a actores de todos los niveles para la prevención de embarazos adolescentes, corre el riesgo de no lograr sus metas en los plazos establecidos por la misma si no cuenta con los recursos suficientes para operar y llegar a las y los adolescentes más excluidos del país”.
Agrega que es necesario asegurar que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cuente con presupuesto progresivo, con el fin de garantizar que todos los y las adolescentes ejerzan sus derechos humanos. Además de implementar y apoyar campañas públicas para transformar normas y comportamientos que afecten los derechos de las y los adolescentes, en particular sobre acceso a servicios sexuales y reproductivos pertinentes y de calidad.
Señala como prioridad “asegurar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud amigables para la prevención y atención del embarazo adolescente. Para ello es clave apoyar la formación del personal de salud a nivel comunitario con sensibilidad hacia el trato de las y los adolescentes y sus derechos, previniendo el estigma y garantizando sus derechos y acceso a todos los servicios”.
Agrega la necesidad de armonizar legislaciones, estrategias y programas locales para la promoción adecuada de la educación y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, conforme a su reconocimiento en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros instrumentos internacionales en la materia y asegurar que en todos los códigos civiles esté homologada la edad mínima para el matrimonio -18 años-, tal como lo estipula la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
