- El Pleno avaló también una Minuta que eleva a rango constitucional la condición de refugiado y de asilado
- De igual forma, expresaron el sí a la iniciativa que reforma diversos artículos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
En sesión plenaria la unanimidad de los diputados aprobó el dictamen que emitió la Comisión de Justicia, por el que se resuelve la iniciativa para sustituir, en diversos ordenamientos, la referencia al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, por el de Código Nacional de Procedimientos Penales, y de esta manera apegarse a la Declaración de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Régimen Jurídico Local, presentada por Leonardo Montañez Castro, del PAN.
Algunas de las leyes que fueron modificadas para otorgarles mayor certeza jurídica y concordancia con el nuevo sistema de justicia penal, son las de Desarrollo Ganadero; Desarrollo Social; de Mediación y Conciliación; Desarrollo Ganadero; la referente a la de Salud, entre otras.
En otro punto del orden del día, fue avalado por unanimidad el documento que turnó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados, y de esta forma ampliar las facultades legislativas de la Cámara de Diputados en materia de derechos de las víctimas.
En la resolución del documento, se plantea un marco regulatorio para los desplazamientos poblacionales según la propia capacidad del entorno ambiental y social del territorio nacional en donde se pretende situar a las personas en condición de refugiados o asilados. Por ello, en el dictamen se establece que en función de las capacidades de carga, vulnerabilidad y residencia de los territorios, se deben armonizar las necesidades internas con la capacidad de asistencia internacional de forma que se otorguen condiciones óptimas de desarrollo a propios y extraños.
Posteriormente, la mayoría de los legisladores avaló por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y sus municipios, propuesta por el titular del Ejecutivo estatal, Carlos Lozano de la Torre.
El objeto del citado proyecto de modificación, va encaminado a clarificar diversas disposiciones en materia de adjudicación de bienes, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contrataciones de prestación de servicios.
Así, las reformas permitirán una interpretación precisa y se entienda por Sujetos de la Ley Contratantes, a los entes de autoridad que celebren contratos derivados de los procedimientos convocados por la Oficialía Mayor; también especifica que las disposiciones de la Ley de Adquisiciones sean congruentes con los principios de la autonomía municipal, instituida por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor de los representantes populares que se encontraban presentes, tres manifestaciones en contra ( Sylvia Garfias, Martha Márquez y Leonardo Montañez) y la abstención del legislador Mario Alberto Álvarez Michaus.
En asuntos generales, el diputado de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García exigió al Ayuntamiento de Aguascalientes a que cumpla y haga cumplir la reforma que regula el cobro de estacionamientos en centros comerciales -aprobada de manera reciente por el Congreso del Estado- y la cual especifica el beneficio de otorgarle al cliente dos horas gratuitas siempre y cuando compruebe la realización de compra o adquisición de servicio.
Rodríguez García sostuvo que aún no hay una sentencia definitoria por parte de la autoridad judicial y por tanto en ningún momento se ha ordenado la suspensión de la reforma, por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la reforma que avaló el Congreso del Estado.
El representante popular enfatizó que el interés ciudadano, que es la mayoría, debe prevalecer por encima del capricho de algunos cuantos concesionarios.
Montañez Castro, al señalar que le parece demagógico y populista el señalamiento de que la autoridad responsable por los cobros en los estacionamientos es el municipio, advirtió que la mala redacción de normas es la que lleva a la presentación de controversias.
Norma Adela Guel Saldívar, presentó a nombre del grupo parlamentario del PRI-PVEM, un Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para integrar una comisión especial que investigue y dé seguimiento a la auditoría que fue realizada en su momento a la cuenta pública del Ayuntamiento de Aguascalientes, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2007, y en la que fungió como alcalde el candidato a gobernador del PAN, Martín Orozco Sandoval.
Guel Saldívar criticó que el candidato a gobernador del PAN haya omitido en su declaración patrimonial, la propiedad de diversos bienes inmuebles, entre ellos un ostentoso rancho.
Sobre el tema, el diputado Leonardo Montañez Castro solicitó proyectar un video como parte de su argumentación en contra de la propuesta de punto de acuerdo, para lo cual la Mesa Directiva tomó el acuerdo de permitir la presentación del material audiovisual en los monitores del salón de sesiones siempre y cuando tuviera relación con el tema. Después de algunos segundos de la transmisión del videograma en las pantallas, la presidenta de la Mesa Directiva ordenó detener la reproducción al señalar que no se cumplía con la condición expuesta.
Por su parte, Juan Francisco Ovalle García, del PRI, reiteró que el caso de presunta corrupción en el que está involucrado el candidato del PAN a la gubernatura debe ser investigado y sancionado con todo el peso de la ley, pues aseguró que hay pruebas contundentes de que el entonces alcalde de la ciudad capital, Martín Orozco Sandoval, trianguló la adjudicación de terrenos que eran propiedad del municipio, situación por la que enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado y tráfico de influencias. Acusó que en esos bienes inmuebles el exalcalde ha obtenido altos ingresos y cuyos recursos son ilícitos, pues son producto de un acto de corrupción en el que se aprovechó del cargo de primer edil.
Mario Alberto Álvarez Michaus, del PAN, reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva el no estar actuando con imparcialidad, pues lo único que demuestra es que se puede atropellar la verdad con una mayoría de votos. Señaló que es la ciudadanía la que podrá evaluar el trabajo de los servidores públicos, así como en su momento decidió votar por los candidatos del PAN en los tres municipios con mayor población y en los tres distritos federales de la entidad. Expresó con respecto al trabajo en el parlamento “no sé si esto es un debate, un circo o un mercado”. Concluyó que confía en la honorabilidad de su candidato y que su trabajo político es de toda una vida, bajo el escrutinio de la ciudadanía.
El Punto de Acuerdo que propuso la diputada Norma Adela Guel Saldívar fue avalado con 15 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
La presidente de la mesa directiva, Lourdes Dávila Castañeda, clausuró los trabajos de la presente sesión, al tiempo que citó al Pleno legislativo para la asamblea que habrá de desarrollarse el jueves 2 de junio de 2016, a las 11:00 horas.
