- El magistrado presidente del TEPJF señaló que los derechos políticos son el instrumento de la sociedad para moderar el ejercicio del poder público
- Consideró inadmisible e indignante la violencia política contra las mujeres para coartar su participación política
Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que es el momento de dar eficacia al derecho de participación política de las mujeres y desde los partidos debe darse el cumplimiento de la paridad de género, establecido en la Constitución.
“Son los partidos políticos los que tienen el deber original de dar vida a este mandato. Ellos son los principales obligados, y las instituciones, de manera consecuente, debemos hacerlo prevalecer. Es por ello que toda la capacitación política y enseñanza pública y privada debe revelar una verdadera vocación paritaria, ahora es deber de todos los actores políticos hacer lo necesario para materializarla. No son las decisiones jurisdiccionales las únicas destinatarias a garantizar la paridad”, aseveró.
Al inaugurar los trabajos de la cuarta Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción, Carrasco Daza expresó que para incentivar la participación a cargos públicos y, bajo la propia lógica y con la misma fuerza, debe fomentarse el ejercicio del sufragio que en los procesos electorales se materializa como el punto de inicio de la paridad política: incluirlas desde el poder.
Mencionó que, en materia de paridad, desde la reforma constitucional de febrero de 2014, el Poder Revisor dispuso que los partidos políticos deben garantizar el equilibrio de géneros al postular candidaturas para ocupar cargos en las legislaturas federales y locales. “Aquí el desarrollo jurisprudencial permitió dotar al principio constitucional una mayor dimensión, al integrar la paridad de género, también a puestos de elección popular en los municipios”.
Señaló que la participación efectiva de las mujeres en los procesos electorales se debe reforzar y asegurar la implementación de un lenguaje incluyente, no sólo en la actividad institucional, sino que éste alcance a los partidos políticos y candidatos, ya que el lenguaje incluyente ha adquirido una dimensión normativa para eliminar estereotipos de desigualdad.
“En la actualidad, las Salas Regionales han sido punto de lanza en el desarrollo de la jurisprudencia hacia la paridad. En la Sala Superior hemos abrevado, a su vez, de sus criterios para generar una perspectiva integral en favor de la igualdad”, añadió.
En su intervención, el magistrado presidente consideró inadmisible e indignante la violencia política contra las mujeres, registrada en algunas entidades, para coartar su participación política porque atenta contra un orden justo.
“En entidades de nuestra nación, algunas de ellas, las más rezagadas y convulsas en el contexto político, económico y social, han tenido lugar en contra de las mujeres delitos inadmisibles, vejaciones, asesinatos y en general, actos que atentan contra un orden mínimamente justo. Debemos generar una inspiración real en las mujeres para que desarrollen expectativas objetivas de participación política”, afirmó.
El magistrado presidente señaló que el escenario en nuestro país es poco alentador. “Hemos visto con mucha indignación acontecimientos que dibujan con la máxima dureza cuáles son los retos de todas las autoridades para asegurar la participación de las mujeres en política”.
Los derechos políticos son el instrumento para moderar el ejercicio del poder público
El magistrado presidente del TEPJF indicó que generar los equilibrios necesarios para fincar las bases de una sociedad democrática, impone la participación integral de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, mediante un binomio perfecto entre actores políticos, partidos, medios de comunicación y sociedad organizada.
A la ciudadanía le toca exigir la preservación de todos los derechos que han sido alcanzados en el proceso de consolidación democrática. “Esta es la esencia del principio de progresividad que se concibe como uno de los fundamentos que rigen los derechos humanos”, agregó.
Expuso que “los derechos políticos son el mejor instrumento que tiene la sociedad para moderar el ejercicio del poder público y por ello debe eficientarse el deber estatal de desarrollar acciones para garantizarlos, difundirlos e informar sobre los mecanismos para exigirlos”. Sólo de esta manera, añadió, se puede construir una cultura democrática que genere una participación libre y plural.
En este sentido, destacó el empoderamiento de los pueblos indígenas y la creación de la Defensoría Pública Electoral para garantizar la defensa adecuada de las comunidades y pueblos originarios. La salvaguarda de las comunidades transitó de la protección a un nuevo modelo de asistencia real que haga efectiva su tutela judicial, acciones programáticas, como la implementación de la Defensoría Pública Electoral y garantizar la defensa de los derechos políticos”, resaltó.
Con información del TEPJF
