Por Martín Barberena-Cruz
Hoy se juega una gran partida electoral en diversas canchas que alcanzan casi la mitad de padrón federal electoral. 14 estados reporta el INE listos para recibir -esperanzados- millones de sufragios. Son doce estados que deciden ejecutivo, legislativo, ayuntamientos y como agregado, la constituyente Ciudad de México. Apenas se cierre este capítulo, se abre oficialmente la carrera al 2018.
Hace seis años estos doce estados se definieron por nueve PRI y tres por la rara coalición PAN-PRD que aún conserva el amasiato en algunos puntos geográficos (Veracruz, Durango, Oaxaca, QR y Zacatecas)
Este año inciden factores y actores de nueva creación: por un lado, la determinación por parte del INE de “discriminación positiva”, la cual equivale en encumbrar a cargos públicos a toda mujer con aspiraciones. Por tal motivo, todos los partidos se vieron obligados a cambiar baraja, El género, degeneró. Por otro lado, Morena, como nuevo partido, surgió con fuerza y vigor en zonas de importancias; y por último, los independientes seminados por doquier como clones del bronco tropicalizados. Por si no fuera poco, la nueva legislación electoral complica aún más lo contencioso por la dualidad de funciones entre el organizador (IEE) y el supervisor (INE). Según parece la judicialización de nuestras elecciones es ya parte del juego. La trampa del ganador se acusa sin reparo.
De las 12 candidaturas a gobierno solo Aguascalientes y Tlaxcala presentan mujeres. En Tlaxcala ya tuvieron esa experiencia y todo parece indicar que repetirán dosis con aroma femenil. En Aguascalientes, por primera ocasión se perfila una candidata con reales posibilidades de triunfo en una coalición formal que logró ampliarse en TUCÁN ( todos unidos contra acción nacional), en caso que gane Lorena Martínez se convierte en la sexta gobernadora en la historia de México y primera en Aguascalientes. Eso prometió hace 30 años y está cerca de cumplir.
Como suele suceder en estos casos, la presión la tiene quien detenta el poder, es decir el PRI por verse en la necesidad de conservar las nueve de doce, lo cual se ve difícil. Veracruz y Tamaulipas son focos rojos para los rojos, casi insostenibles. Morena puede llevarse su primer gobierno estatal en Zacatecas y compite en dos más; PAN-PRD pueden tener una noche alegre en Puebla donde repetiría. Quintana Roo y Veracruz están al acecho.
El voto histórico alude un voto superior al 51 por ciento del padrón en este tipo de elección, no así en Chihuahua (41 por ciento) y Tamaulipas (44 por ciento) donde las distancias y las circunstancias de seguridad impiden la libre circulación de personas e ideas. Lo cierto es que cualquier encuesta, en cualquier lugar reporta una abstención por encima de la media. El voto diferenciado es un fenómeno poco analizado que tiene serias repercusiones en los gobiernos y -peor aún- el #NOVOTO y #VOTONULO está a la alza en buena parte del país. Grave situación y dato crucial.
He ahí donde quiero llegar. Resulta todo un disparate testimoniar como cada vez menos personas deciden gobierno para cada día más gente. La democracia se pervierte al grado que tenemos cargos de elección popular con menos del 10 por ciento de padrón en algunos casos. En otros términos, pese a la barraca de recursos materiales, humanos y financieros, el ciudadano se desentiende de la “cosa pública”. El índice de confianza a nuestras instituciones alcanza números que rayan lo grotesco. El Cemefi, la UVM, el CIDE el Colmex entre otros han hecho públicos sus estudios relativos a ese tema y coinciden en que el ciudadano no se siente parte de la cosa pública y apunta a la corrupción como naturaleza de mal. Quienes viven de la “cosa pública” no dan indicios de querer modificar el modus operandi, por ello su slogan establece: “Si sirve al sistema (de partidos), sirve a la Nación”.
Desde López Portillo (1976-82) a la fecha ningún otro presidente alcanzó el anhelado 51 por ciento. Otro México y otras circunstancias, ¡cierto! pero el dato ahí está. Hoy día se cubre con todas las formalidades que exige la ley, el boato y protocolo incluido, pero la legitimidad, es decir, el crédito a quien manda, no importa. Acaso sea hora de que la “segunda vuelta” vuelva al debate y tengamos, de una buena vez , un presidente legal y -a la vez- legítimo en la era de nuestra democracia representativa. Gran parte de los países de América Latina lo aplican, ahí tienen Perú en este momento. No será la panacea electoral sin embargo ofrece al cuerpo electoral un genuino representante por parte de la mayoría. Tendrá un costo, pero mayor es su valor.
Agridulce -creo yo- debe ser ganar el ejecutivo con pocos votos. Se puede ganar la elección, pero no el reconocimiento ni el gusto de la población.
