- Por escrito, interrogan al fiscal sobre las acciones para impedir que el panista evada la justicia
- El documento se encuentra firmado por seis legisladores de la bancada mixta
Por medio de una carta, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de los Ángeles Aguilera Ramírez, José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, solicitaron a la Fiscalía aclarar la situación jurídica del gobernador electo, Martín Orozco Sandoval.
Los legisladores se dirigieron, por escrito, al fiscal general del estado de Aguascalientes -Óscar Fidel González Mendívil- para preguntar acerca de las acciones que realizadas por esta dependencia para evitar que el panista evada la acción de la justicia a raíz del proceso penal que enfrenta por presunto tráfico de influencias y ejercicio indebido de atribuciones.
“¿Por qué no solicitó la declaración de procedencia a la Cámara de Diputados? ¿Qué acciones tomó para no dejar sin castigo la prosecución de los delitos y conductas cometidas por el C. Martín Orozco Sandoval? ¿Realizó la solicitud a la PGR?, pues nos hemos enterado que por cosas menores han sido desaforados diputados, como lo fue la exdiputada de Sinaloa, Lucero Sánchez”, se lee en el documento enviado ayer.
Los suscribientes alegan que la inmunidad parlamentaria de la que gozaba cuando era senador, ya no beneficia más a Orozco Sandoval, toda vez que: “en estos momentos se encuentra en el presupuesto contemplado en el artículo 125 constitucional y su correlativo 62 constitucional, pues es gobernador electo al tener constancia de mayoría por lo que no puede ser senador con licencia, por lo que en estos momentos hasta que no tome la protesta constitucional no tiene fuero”.
La carta detalla que el proceso contra el gobernador electo se instauró el 19 de enero de 2010, en el Juzgado Sexto de lo Penal y un mes después se le decretó auto de formal prisión, mismo que fue confirmado en 2012 pese a los medios de impugnación promovidos por el panista; posteriormente, solicitó el beneficio de la libertad provisional bajo caución -bajo fianza- del que goza hasta el momento. Pese a lo anterior, el 2 de julio de 2012 Orozco Sandoval fue electo para el cargo de senador de la República y el 29 de agosto de ese año tomó protesta, sujeto a proceso penal libre bajo caución. El 30 de octubre de 2012, solicitó al juez de su causa la suspensión del proceso penal seguido en su contra hasta que concluyera su cargo como senador de la República, pero este negó lo solicitado. Posteriormente el panista interpuso el recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito se declaró incompetente para conocer del asunto, remitiéndolo a la SCJN, donde el amparo en revisión quedó registrado bajo el número 404/2013. El día 12 de febrero del 2014 se dictó la sentencia correspondiente ratificando, la sentencia del juez de Distrito que concedía la suspensión del procesado.
El 4 de febrero de 2016, Martín Orozco Sandoval obtuvo la licencia al cargo de senador para contender por el Partido Acción Nacional en la elección que culminó el 6 de junio de 2016, donde resultó electo gobernador. Sin embargo, los diputados de la bancada PRI-PVEM argumentan, con base en el artículo 76 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que la pretensión punitiva contra el panista solamente podría extinguirse en caso de haber cumplido la pena o medida de seguridad, de que muriera, por amnistía, perdón de la víctima u ofendido, reconocimiento de inocencia o prescripción.
“No queremos dejar pasar y hacer notar a usted que la sociedad reclama una explicación, pues las conductas sancionadas se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal y en el caso de que exista algún vacío legal este pueda ser subsanado y no es óbice manifestar que estamos obligados a informar con la verdad a la sociedad y que estos ya son criterios de jurisprudencia emitidos por nuestro máximo tribunal”, recalca el escrito. La respuesta del fiscal debe enviarse también a los miembros del equipo jurídico del tricolor, José Oscar Valdés Ramírez, Martín Sánchez Testa, Raúl Alonso de Anda y Francisco Pérez Reyes.
