- Entre 2010 y 2014 aumentó ligeramente el porcentaje de delitos reportados a las autoridades
- El estado ocupa el octavo lugar nacional en cuanto a cultura de la denuncia y el cuarto en confianza en el sistema de justicia penal
En Aguascalientes solamente se denuncia el 24.5 por ciento de los delitos cometidos en territorio estatal, colocándose en la octava posición de los estados con mayor cultura de la denuncia y entre las seis entidades que incrementaron este indicador en los últimos años, de acuerdo al estudio Justicia a la medida: siete indicadores para medir la calidad del sistema de justicia penal en México, presentado por México Evalúa. El porcentaje de delitos denunciados se considera un indicador positivo de la calidad del sistema de justicia penal.
La investigación, elaborada a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), muestra que entre 2010 y 2014, Aguascalientes registró un modesto incremento de 0.3 por ciento en el reporte de los delitos, junto con los estados de Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Zacatecas que registran crecimientos de 2.3, 1.6, 2.6, 0.1 y 1.4 por ciento respectivamente, a diferencia del resto de las entidades cuya cultura de la denuncia se ubica a la baja.
Los tipos penales tomados en consideración por México Evalúa fueron robo total y parcial de vehículo, robo en distintas manifestaciones (a casa habitación, asalto en calle o transporte público, o en otra forma), fraude bancario y al consumidor, extorsión y amenazas verbales, lesiones, secuestro, delitos sexuales, entre otros. El indicador de proporción de denuncias se obtiene mediante la división del total de delitos reportados a cualquier autoridad entre el número total de delitos ocurridos estimados.
El documento atribuye a la baja calidad de las instituciones de justicia la falta de denuncias: “La carga sicológica y económica asociada a la denuncia y la baja calidad del servicio recibido pueden ser los factores que expliquen la decisión de no notificar el crimen”. Destaca que cualquier sistema penal depende principalmente de la denuncia de los delitos, al ser es una medida del acceso a la justicia, una manifestación de confianza ciudadana en la autoridad y un mecanismo descentralizado de información clave para la respuesta institucional frente al fenómeno delictivo.
A pesar de que Baja California, Colima, Baja California Sur y Sonora, con porcentajes de denuncia del 29.7, 27.3, 27.1 y 26.5 por ciento, lideran el listado de las entidades con mayor cultura de la denuncia, ninguna de estas cuatro figura entre los estados con mayor índice de confianza en las instituciones inmersas en el sistema de justicia penal -policías estatales, policías ministeriales, ministerios públicos y jueces- en donde Aguascalientes ocupa la cuarta posición (6.0), antecedido por Yucatán (12.1), Zacatecas (6.9) y Guanajuato (6.8).
La Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero son los estados con menor confianza actualmente. En casi todos los estados, las diferencias de confianza en la justicia
entre hombres y mujeres son mínimas. Este indicador se calcula como la diferencia entre “mucha” y “nada” de confianza respondida por los encuestados por el Inegi.
El estudio explica que el nivel de confianza ciudadana de las instituciones de justicia puede depender de muchos factores, tanto exógenos -nivel de violencia o incidencia delictiva- como endógenos -los resultados efectivamente alcanzados por estas instituciones-. Las instituciones que gozan de mayor confianza ciudadana son las que logran un mejor equilibrio entre legitimidad y eficacia: “En el contexto nacional actual, parece indispensable explorar la forma de fortalecer el Estado de Derecho a través de la construcción de instituciones que inspiren confianza ciudadana para lograr mayores niveles de apego voluntario a la ley”.
Cabe mencionar que esta evaluación parte de siete indicadores: confianza, homicidios, denuncia, trato satisfactorio a víctimas, presunción de inocencia, proceso penal justo, así como cárcel digna y segura. Su objetivo es proponer una manera efectiva para evaluar la calidad de la justicia penal en México, en el marco de la reforma penal de 2008.
