- Especialistas coinciden durante el Sitra en la necesidad de garantizar a todas las personas el derecho constitucional a la salud
- La cobertura, la justicia social y el trato a los pacientes son áreas de oportunidad en el sistema mexicano de salud
La enfermedad renal crónica se ha convertido en un flagelo de la salud pública de México; el ocho por ciento de la población sufre algún grado de afección renal: “el riñón puede enfermar en etapas muy tempranas de la vida hasta el final de la misma, hay neonatos que pueden estar enfermos, niños, adolescentes, adultos jóvenes, pero sin duda la población geriátrica es la población en la que crece el daño renal significativo”, detalló Ricardo Correa-Rotter, durante la inauguración del XIX Simposio Internacional de Trasplante Renal Aguascalientes (SITRA).
Para el investigador del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, el sistema nacional de salud tiene mucho qué mejorar en cuanto a cobertura, justicia social y disponibilidad de recursos técnicos, económicos y humanos, a fin de garantizar que toda persona con derecho a la atención a la salud, la reciba con calidad y oportunidad: “necesitamos esfuerzos conjuntos entre autoridades, prestadores de servicios y pacientes”.
Refirió que no todos los mexicanos, en la actualidad, tienen el mismo acceso a la salud; se estima que la mitad de la población en el país no se encuentra afiliada a ningún sistema de seguridad social y el Seguro Popular no incluye las enfermedades renales dentro de su cobertura: “el hecho de emplear inmunosupresores con costo de entre diez y quince mil pesos mensuales, es una auténtica catástrofe para muchas familias a quienes la enfermedad los está llevando a la ruina”.
En el mismo evento, Francisco J. Mercado, especialista de la Universidad de Guadalajara, presentó los resultados de un estudio levantado en el transcurso de los últimos diez años acerca de la atención a enfermos renales en el ámbito público: “Creemos que la población que carece de seguridad social, vive la enfermedad renal a partir de los problemas generados por la atención servicios de salud y por no poder satisfacer el costo del tratamiento y las terapias”.
Recalcó que los testimonios recogidos en este periodo evidencian que no hay atención de calidad ni hay trato personalizado a los pacientes: “Si queremos impulsar una reforma sanitaria tenemos que tomar en consideración la participación social, no se resuelve aumentando el número de doctores o construyendo más hospitales, sino mejorando la calidad de la atención a los pacientes; necesitamos la capacidad e interés de escuchar a los actores involucrados”.
En opinión del catedrático, la respuesta no está en obtener más recursos económicos, sino en capacitar al personal de salud para mejorar su trato: “Otros países en situación económica semejante a la de México la población no se queja del trato, la mejoría en el trato profesional no es una cuestión de dinero”.
