- De no rendirse el informe se impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo
- El juez tercero de distrito aceptó la demanda de amparo presentada por diputados del PRI-PVEM
El Juzgado Tercero de Distrito ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Oscar Fidel González Mendívil, presentar un informe en el que justifique por qué no ha ejercido acción penal en contra del ahora gobernador electo, Martín Orozco Sandoval.
Esto luego de que diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una demanda de amparo en la que solicitaron la protección de la justicia federal contra los actos de omisión de esta dependencia, así como del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Aguascalientes, encabezado por Juan Manuel Ponce Sánchez, por actuar con omisión hacia el panista, quien enfrenta un proceso por presunto tráfico de influencias y ejercicio indebido de atribuciones durante su mandato como presidente municipal.
De esta manera, el fiscal tiene un plazo de quince días posteriores a la recepción del oficio para dar cumplimiento a lo solicitado, informar “las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se deberán acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo”. De no rendirse dicho informe, se presumirá cierto el acto reclamado -salvo prueba en contrario- y se impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México
El juez tercero de Distrito, Milton Kevin Montes Cárdenas, también ordenó un emplazamiento, mediante oficio, al Juzgado Sexto de lo Penal, en el cual se encuentra radicado el juicio número 2/2010, correspondiente a Orozco Sandoval, por los supuestos antes mencionados.
En el amparo interpuesto por José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno, José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y María de los Ángeles Aguilera Ramírez, se argumenta que Orozco Sandoval se encuentra en el presupuesto establecido en los artículos constitucionales 62 y 125 ya que el proceso penal que tiene abierto desde el año 2010 lo mantiene privado de sus derechos políticos y lo vuelve inelegible como gobernador.
Los legisladores consideran que las omisiones de la FGE menoscaban el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de la justicia de una manera clara, transparente e imparcial.
