- Debido a su apariencia, se negó el acceso a un afrodescendiente en el parque acuático Valladolid
- Ombudsman emitirá recomendación al Isssspea para evitar que se repliquen estas prácticas en el balneario
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga una queja por discriminación racial presentada por una persona afrodescendiente a la que presuntamente, hace algunos días, se le negó el acceso al parque acuático Valladolid debido a su apariencia desaliñada.
El presidente del órgano, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, señaló que se abrió una investigación, toda vez que ni las características físicas del agraviado ni su vestimenta, justifican la negativa de admisión por parte del balneario adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (Isssspea).
En conferencia de prensa, señaló que el argumento de la administración para impedir el ingreso del ciudadano al centro recreativo, ubicado en el municipio de Jesús María, fue supuestamente que al tratarse de un sitio privado, opera bajo el esquema de derecho de admisión: “Sí es una negligencia delicada, aunque no se trate de una violación grave a los derechos humanos, soy muy claro en esto”.
El ombudsman local señaló que, a consecuencia de lo anterior, se emitirá una medida cautelar en contra del Isssspea para que evite que se repitan este tipo de situaciones en un futuro, considerando que es inadmisible que continúen presentándose prácticas de discriminación racial o derivada de sus condiciones físicas en Aguascalientes.
En el país hay alrededor de 1.4 millones de personas de ascendencia africana -705 mil mujeres y 677 mil hombres-, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), radicados principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos y Baja California; el estudio reconoce que un alto porcentaje de la población de raza negra enfrenta condiciones de marginación.
El Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obliga a los países a revisar las acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de esta población victimizada por su origen étnico y por el color de su piel. Dicho documento recomienda a la comunidad internacional la aplicación de marcos jurídicos, nacionales e internacionales, así como de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
