El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validó la elección presidencial significó un mero trámite y al igual que los grandes atracos electorales en la historia se fundó y motivó, no en un acto de autoridad apegado a derecho, sino en una vulgar consigna de quienes controlan la economía y la política de México. Los poderes fácticos a final de cuentas lograron por la vía de la simulación y el fraude a la ley imponer a Enrique Peña Nieto sin más propósito que salvaguardar sus abyectos intereses. El sufragio en nuestro país, por obra y gracia del PRI, dejó de ser efectivo para transformarse en una operación mercantil en efectivo y corromper la voluntad ciudadana al grado de poder comprar la presidencia de la república. Los magistrados del TEPJF “remedos de jueces” construyeron con sospechosa unanimidad una sentencia viciada de incongruencia y apartada de la causa de pedir. Argumentaron con insultante desvergüenza y desfachatez que el uso propagandístico de las encuestas por parte del PRI fue un ejercicio de libertad de expresión; que en tiempos distintos primero se califica la elección y luego se fiscaliza; que la denominada propaganda encubierta de Enrique Peña Nieto en radio y televisión fue cobertura noticiosa, de opinión, colaboración editorial y comentarios; que no se rebasaron los topes de gastos de campaña; que no se probó la utilización de dinero sucio; que las miles de tarjetas Monex y Soriana sólo demostraron la existencia de las mismas y no la compra de votos; que los videos presentados como prueba de delitos electorales pudieron haber sido editados por la parte quejosa, etc. Monda y lirondamente, como a las gallinas que les avientan su “máiz” para poner huevos sabrosos, nutritivos y coloridos que tanto escasean en México, los magistrados del TEPJF cacarearon razonamientos fácticos y jurídicos incubando, antes de cumplirse el lapso gestatorio, un engendro gallináceo llamado Enrique Peña Nieto. Así, sin apreciar ni valorar las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista y negando valor probatorio a los hechos contundentes, públicos y notorios que en un estado democrático y de derecho anularían cualquier elección, se declaró “electo” al candidato de las televisoras al mismo tiempo en que se declaraba prófugo de la justicia al ex gobernador del PRI Tomás Yarrington y se confirmaba en Nicaragua que al menos una de las camionetas detenidas en Managua con 9.2 millones de dólares es propiedad de la Televisa.
Pero en México la lógica, la razón y la exhaustividad es lo que menos importa. En materia electoral se prioriza lo superficial sobre el fondo del litigio y al denunciante le imponen la carga de la prueba cuando es la autoridad electoral la que debería investigar indicios de ilegalidades. Reivindicar el derecho electoral como un activo para la democracia a partir de una férrea defensa del principio constitucional de la autenticidad y limpieza de los procesos electorales es una exigencia que la izquierda mexicana debe concretar a través de sanciones formales y normas de anulación que castiguen severamente la naturaleza ilegal de la compra del voto. No aceptar el fallo del TEPJF que declaró válida la elección presidencial es una postura que compartimos millones de mexicanos. El Estado de Derecho y la democracia que tenemos se rigen con apariencias. La desobediencia civil a la que nos ha convocado Andrés Manuel López Obrador no es un llamado a violar la ley. Es una expresión legal, legítima y justificada de la democracia que México reclama. El movimiento progresista, Morena y el movimiento #YoSoy132 están en su derecho en no reconocer la imposición de Enrique Peña Nieto. No existe ningún mandato de ley que obligue a “reconocer” al supuesto ganador de una contienda electoral viciada de origen. La desobediencia civil es una forma de resistencia que la ciudadanía ejerce contra el poder establecido cuando han sido violentados sus derechos fundamentales ignorados por los tribunales encargados de procurar justicia. Es instrumento de la sociedad en la toma de decisiones públicas y una actitud defensa de la Constitución y la Justicia
Andrés Manuel López Obrador tiene autoridad política y moral y seguirá actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos lo acusen de violento. No claudicará porque el destino de México no tiene precio. Mientras tanto Enrique Peña Nieto debe saber que la presidencia de la república no es asilo para la ignorancia ni la rapiña.
