- Advierte Angélica de la Peña acerca de una falla estructural del sistema
- Hasta diciembre del año pasado, en México se registraron 26 mil 898 personas desaparecidas o no localizadas
La senadora Angélica de la Peña señaló que al cumplirse dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una tragedia que no sólo marcó a las familias de los jóvenes sino a todo el país, una investigación a la que se han destinado tantos esfuerzos, recursos humanos y materiales como a ninguna otra y que no ha arrojado datos certeros sobre el paradero de los jóvenes y los responsables de su desaparición, es signo inequívoco de un Estado débil: “Cuando las instituciones son incapaces de garantizar la vida e integridad de la ciudadanía y el acceso a la verdad y a la justicia cuando son afectadas las primeras, estamos ante una falla estructural.”
Dijo que este caso es una radiografía de la terrible situación que envuelve al país, en el que las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares y la tortura han sido una constante -de las que dan cuenta los cientos de fosas clandestinas descubiertas a lo largo y ancho del país- que han encontrado en la descomunal impunidad un catalizador.
Hasta diciembre del año pasado, en México se registraron 26 mil 898 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con un informe del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que recibió el 6 de septiembre el Senado de la República.
Las 14 entidades que acumulan el 90 por ciento de las personas desaparecidas registradas son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato.
La senadora del PRD reconoció que si bien la actual titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, ha mostrado un compromiso con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, el exprocurador Jesús Murillo Karam perdió tiempo valioso empeñándose en una investigación para demostrar su “verdad histórica”.
Apuntó que fue gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al trabajo comprometido del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que hoy se sabe que la investigación de Murillo Karam no sólo desestimó líneas de investigación como la del quinto autobús, sino que pasó por alto las omisiones de la Policía Federal y del Ejército, perdió pruebas como videos de seguridad y restó importancia a los teléfonos celulares de los estudiantes.
Hoy se habla de un quinto peritaje en el basurero de Cocula, continuó, el cual quizá brinde algunos datos, sin embargo, lamentablemente ha pasado demasiado tiempo y muchas evidencias se han perdido en este lugar, aunque “los datos de geolocalización de los teléfonos celulares de los jóvenes son esperanzadores, pues ayudarán a trazar una ruta en tiempo y lugar de lo que aconteció aquella atroz noche”.
De la Peña Gómez recordó que Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, recientemente dijo que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no puede quedar impune y el daño debe repararse a las familias de las víctimas y el gobierno ofrecer la garantía de no repetición.
La legisladora afirmó que la participación de agentes del Estado en la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y en decenas de casos más está comprobada, “como han denunciado relatores de la Organización de las Naciones Unidas, las desapariciones forzadas y lo tortura son prácticas generalizadas en nuestro país y se equivocan descomunalmente quienes pretenden cambiar esta realidad tapando el sol con un dedo”.
“En el segundo aniversario de los lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y nuestro compromiso indeclinable de dar seguimiento puntual a las investigaciones y al mecanismo de seguimiento del caso iguala acordado entre la PGR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en aras de garantizar la verdad y la justicia, y sean sancionados todos los responsables”.
