En el tiempo reciente de nuestro país, la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 -hasta hoy no resuelta-, ha concentrado la atención para la calificación de crimen de Estado. Ha sido una mención ampliamente debatida entre quienes así consideran lo sucedido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y quienes, desde la responsabilidad de la función pública de los tres niveles de gobierno -empezando por el presidente de la República, Enrique Peña-, niegan tal calificativo.
Si acaso, la participación en la desaparición de los estudiantes -dicen los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento-, la refieren exclusivamente a la presidencia municipal de Iguala, liberando de responsabilidades tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de la República y sus fuerzas armadas. El manejo en la opinión pública del concepto y significado de crimen de Estado y su entramado, ha sido mínimo y reducido a quienes sí califican este hecho como tal; ocasión que ha generado poco conocimiento del grave problema que hoy vive la sociedad mexicana, debido a la presencia y permanencia del esquema en contextos distintos a este. De ahí la necesidad de ampliar un poco la visión que tenemos, hasta ahora reducida, de eventos de esta naturaleza.
Para ello, podemos auxiliarnos de manera breve y sencilla, de dos documentos: el primero es de Raúl Zaffaroni, El crimen de Estado como objeto de la Criminología, publicado en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y, el segundo, el documental fílmico Mirar morir, el Ejército en la noche de Iguala, del director Coizta Grecko y el productor Témoris Grecko.
Con base en los dos documentos podemos descubrir que el crimen de Estado tiene un “entramado” que lo sustenta y lo hace posible, y que sin ese entramado la violación a las leyes que afectan la integridad y la vida de las personas, su patrimonio, y, como consecuencia directa, la vida de la sociedad y sus grupos, no tendría permanencia y no se constituiría en el grave problema que es hoy para el país.
De entrada, identifiquemos la característica básica de lo que podemos considerar como crimen de Estado, que es la participación del gobernante en una determinada conducta criminal. La participación la hace el gobernante de diversas maneras, ya sea directa, o por omisión, o consentimiento y usufructo, o por encubrimiento y protección a los sujetos de la conducta criminal, o por inacción o inhibición de las funciones públicas responsables de la prevención, persecución y castigo de los culpables de dicha conducta.
El siguiente elemento clave en el crimen de Estado es el “entramado” que requiere para su funcionamiento y reproducción; consiste en el involucramiento necesario de personas dentro y fuera del gobierno, que permiten que sucedan las conductas criminales, o que participan en ellas de alguna manera, generando la impunidad necesaria.
Bajo esta pequeña reflexión, Ayotzinapa es sólo un ejemplo de crimen de Estado. Las redes de encubrimiento y complicidad para no conocer el paradero de los estudiantes, de los funcionarios públicos que tomaron decisiones para que sucediera la desaparición o que la consintieron, para que las investigaciones del Gobierno de la República se quedaran en un nivel inocuo hacia los beneficiarios del fondo del asunto (tráfico de drogas), como fue el que los estudiantes interfirieran el negocio con la toma de autobuses, ocupando el que transportaba droga hacia un destino, etcétera, apuntan, precisamente, a la participación de los gobiernos de los tres niveles en una conducta delictiva.
El esquema de crimen de Estado y su entramado lo encontramos también en otros campos, además del tráfico de drogas y la violencia que causan sus organizaciones. Inicia con la quiebra del Estado de derecho, y, paulatinamente, se va desplazando hasta constituirse en crimen de Estado por el involucramiento de determinados gobernantes; además, maneja un proceso de aprendizaje, para poder llevar a cabo las acciones con la protección suficiente para que quienes buscan su desenmascaramiento no lo logren. Es el caso de los periodistas que han sido amenazados y asesinados, por investigar esos entramados de responsabilidades.
De esta manera, encontramos la repetición del esquema de crimen de Estado y su entramado, por ejemplo, en el campo de la desviación de recursos públicos. No es casual lo que está sucediendo con gobernadores como los de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, o Sonora. Si un gobernante llega al extremo de “quebrar” las finanzas públicas, no lo hace sin un entramado que lo permita y lo proteja, ni sucede de un día para otro; entramado que involucra, sin lugar a dudas, tanto a los congresos locales con la revisión de las cuentas públicas, como al Gobierno de la República, que no podría argüir que no se dio cuenta de lo que estaban haciendo con los recursos que les enviaban (ahora se entiende el decomiso de 25 mdp en el aeropuerto de Toluca, transportados en una aeronave del Gobierno de Veracruz, en tiempos de precampaña del año 2012, que supuestamente cubrirían los gastos de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan).
Otros campos donde, bajo este esquema de reflexión, está sucediendo el crimen de Estado con su entramado, son el combate a la pobreza y el hambre (que después de miles de millones de pesos dedicados no se aminora), o la preservación del medio ambiente y el combate a la contaminación, o el robo de combustibles de Pemex, o la falta de medicamentos e instalaciones hospitalarias después de altas cantidades de recursos destinados, etcétera.
Como reflexión final, el crimen de Estado maneja, por lo regular, un discurso justificante. Consiste en que el gobernante siempre responderá a los señalamientos, que está haciendo todo el esfuerzo para evitar las conductas delictivas, que ya tiene identificados a los responsables, que todo se solucionará en su momento por lo que no puede dar mayor información, etcétera.
En fin, esperamos una efectiva respuesta.
