- El estado quien menos recursos federales recibió para esta tarea: Imco
- Esto tiene que ver con la disminución de la percepción de inseguridad y la estabilidad en la tasa de homicidios
Pese a haber sido el estado que menos recursos federales recibió para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Aguascalientes registró un nivel de establecimiento medio-alto, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).
Entre 2012 y 2016, la entidad recibió por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) un total de 50 millones 808 mil 137.10 pesos, presupuesto alrededor de un 50 por ciento menor al presupuesto del resto de los estados del país; la media nacional fue de alrededor de 107 millones. Cabe mencionar que el gobierno estatal invirtió 33 millones 952 mil 400 pesos procedentes de sus propias arcas durante el periodo de referencia.
No obstante, el IMCO reportó que Aguascalientes alcanzó un avance medio-alto -es decir, avance medio con disparidad de algún eje o institución concreta- en la implementación de la justicia acusatoria: “Esto puede relacionarse con una disminución de la percepción de inseguridad y una estabilidad en la tasa de homicidios. Sin embargo, los medios de la región denotan problemas en la operatividad del sistema y en la capacitación de los operadores”.
Jalisco lidera a las entidades federativas que recibieron mayor presupuesto federal para la puesta en marcha de la reforma constitucional en materia de justicia, con 211 millones 507 mil 845.67 pesos, sin embargo, al igual que Aguascalientes obtuvo un nivel de implementación medio-alto. Le siguen la Ciudad de México, con 164 millones 656 988.12 pesos y un nivel medio-alto; Baja California, 149 millones 287 mil 830.79 pesos, medio-alto; Puebla, 140 millones 995 mil 708.41 pesos, medio-alto y Chihuahua, 139 millones 715 mil 975.60 pesos, óptimo.
Las entidades mejor calificadas en el estudio son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Yucatán, con un nivel de implementación óptimo -avance alto y sin disparidad entre ejes e instituciones- lo que significa que aprovecharon los recursos que les fueron otorgados para lograr resultados significativos. Además Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas y Zacatecas alcanzaron fueron calificadas con un nivel alto -avance alto pero disparidad de algún eje o institución concreta-.
Los tres indicadores considerados para la medición, fueron la percepción de inseguridad basada en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Inegi; la tasa de homicidios dolosos reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las menciones del nuevo Sistema de Justicia Penal en medios de comunicación electrónicos entre 2012 y 2016. Los resultados se categorizaron en seis temáticas: avance, rezago, adecuación normativa, capacitación, presupuesto e infraestructura.
El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en el país en el que se busca el pleno respeto de los derechos de los involucrados en una investigación o procedimiento penal.
