El federalismo fiscal se constituyó en nuestro país no sólo con la finalidad de otorgar potestades fiscales a los estados, sino de potenciar el desarrollo regional de las entidades federativas. La teoría tradicional del federalismo fiscal establece un marco normativo general tanto para la asignación de funciones a los diferentes niveles de gobierno como para la creación de los instrumentos fiscales adecuados para llevar a cabo estas funciones. Los gobiernos locales son quienes realmente conocen las características de los habitantes de sus localidades, lo que convierte a estos gobiernos en los actores fundamentales en la provisión de los bienes y servicios públicos, ubicándose de esta manera por encima del Gobierno Federal para tales fines.
El objetivo fundamental del federalismo es brindar, a través de los dos instrumentos fiscales más importantes -los ingresos y el gasto público-, sustento económico y condiciones de vida adecuadas para todos los habitantes de una región, considerando para tal propósito sus características propias, así como las ventajas y limitantes que enfrenta cada una de esas regiones.
En México, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a las entidades federativas están reguladas por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) a través de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). De acuerdo con ésta, las transferencias que realiza el gobierno federal se dividen en dos grandes rubros: las participaciones y las aportaciones. Respecto a las participaciones, están constituidas por recursos no etiquetados, por lo que las entidades pueden disponer de ellos libremente. El monto que se reparte a las entidades federativas por este concepto depende de los recursos por concepto de recaudación federal participable, mecanismo mediante el cual se concentra el total de montos a repartir entre las entidades federativas. En cuanto a las aportaciones, éstas son recursos condicionados que el Gobierno Federal transfiere a las diversas entidades federativas; recursos que por estar “etiquetado” tienen un destino específico, y se agrupan en 8 fondos (principalmente de carácter social como educación, salud, seguridad pública, etc.).
Todo indica que con el creciente endeudamiento que han registrado las entidades federativas en los últimos años, el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) está agotado en su diseño actual y requiere de urgentes modificaciones. La mayoría de los incrementos en las deudas de los estados subnacionales provienen de la caída en participaciones en épocas de fuertes crisis, por ejemplo: en 2009, éstas se redujeron en cerca de 55 mil millones de pesos que seguramente fueron cubiertos con deuda.
En 2012, de nueva cuenta las entidades redujeron sus participaciones por la eliminación del impuesto federal sobre tenencia y la cuota de IEPS a las gasolinas que se destina a los estados. De ahí surgieron discusiones eternas como elevar la parte del Fondo General de Participaciones que se destina a las entidades, se plantea subir del 20% al 25 o 30%. Para salir de esta astringencia presupuestal, las autoridades deberían evaluar muy seriamente pasar a las entidades algún impuesto de base amplia, y ofrecer esquemas de financiamiento de sus deudas a mediano y largo plazo.
Por el lado de las entidades es necesario que rindan cuentas más oportunas y tener mayores mecanismos para la transparencia de sus finanzas públicas, así como realizar un esfuerzo recaudatorio y fortalecer su capacidad e infraestructura administrativa en materia de recolección de impuestos. Entre más ingresos propios generen, más responsables serán en la ejecución de su gasto. Una propuesta interesante sería establecer un Fondo de Estabilización de los ingresos estatales para ahorrar el 5% de las participaciones cuando haya abundancia -etapa de expansión de la economía- y utilizarlos cuando haya carencias -etapa de recesión económica-. De aplicarse este esquema en los últimos seis años, es decir, en el periodo 2010-2016, las entidades podrían haber acumulado cerca de 180 mil millones de pesos para haberlos utilizados en periodos de austeridad. En Aguascalientes la cifra representó 2 mil millones de pesos que se hubieran obtenido en época de “vacas gordas” para ser utilizados ante una caída de los ingreso públicos en tiempos de “vacas flacas”, tal como José lo recomendó al Faraón hace más de tres mil años.
