- En caso de que el presidente electo decida deportar a inmigrantes con antecedentes penales
- La autoridad debe preparar suficiente oferta laboral y educativa para este sector
El gobierno mexicano debe proveer asistencia jurídica humanitaria a los connacionales con antecedentes penales que sean deportados de Estados Unidos en caso de que se cumplan las promesas del presidente electo, Donald Trump, consideró Francisco Frausto Ruiz Esparza.
El presidente del Colegio de Abogados aclaró que no todas las personas que se encuentran en ese supuesto son delincuentes, pues faltas menores como haber tenido un accidente automovilístico quedan registradas en los expedientes o récords de los ciudadanos: “allá son muy sensibles porque incluso manejar en estado de ebriedad se considera un hecho delictuoso (…); la política de la que ha estado hablando el electo presidente pueden llegar a esos alcances”.
A pesar de que el republicano prometió expulsar de territorio norteamericano hasta a tres millones de indocumentados con problemas ante la justicia, Frausto consideró que no compete a la autoridad revisar sus antecedentes, sino que cada migrante debe responder por su conducta. Muchos de los deportados podrían continuar procedimientos penales en sus países de origen, tanto en tratamientos en libertad como en las cárceles.
–¿Un prisionero puede ser deportado o deben cumplir su purga antes de regresar?
–De acuerdo con los tratados internacionales, si se llevan los procedimientos para que sigan cumpliendo su condena en México, necesariamente los traerán y aquí serán los beneficios que tengan las leyes mexicanas a los que puedan acogerse todos esos.
Estados Unidos cuenta con las bases de datos y todo lo necesario para poner a disposición de las leyes de migración a los millones de inmigrantes que radican en ese país, y enviarlos de regreso a sus países de origen o ante la corte: “esperemos que el gobierno norteamericano formalice un programa, no es tan fácil encontrarlos a todos y remitirlos; habrá que ver también qué dice la cancillería de los que entran en defensa y sus razones de estar allá trabajando”.
El jurista reiteró que la autoridad local debe responder por los que sean deportados, acercando suficiente oferta laboral y educativa para que prosigan con su vida normal aquellos que no tengan la alternativa de prolongar su estancia en el vecino país. Comentó que hay fondos específicos en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para proteger a toda esa gente que arribará sin empleo y sin arraigo, pues muchos llegaron a EU a temprana edad.
Confió en que México estará preparado en caso de que se diera ese escenario: “aquí por experiencia los planes se hacen y la reacción económica de apoyo e infraestructura llega cuando ya se echaron a andar las cosas; requerimos que eso se prevenga con fondos e instituciones de apoyo a los mexicanos que regresan”.
