- No cumplen con los requisitos que marca la Ley Notarial; 95% de las notarías son fruto de favores políticos
- Propondrán al Congreso reformas a la legislación para que dejen de entregarse fiats como premios
El Colegio de Abogados y el Centro de Estudios Notariales impugnarán los últimos fiats notariales expedidos durante los últimos días de la administración de Carlos Lozano de la Torre, argumentando que son ilegales.
En conferencia de prensa, el gremio informó que a más tardar la próxima semana se tramitará un amparo ante un Juzgado de Distrito a fin de solicitar la revocación de las nuevas notarías, pues no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes. La resolución se espera para abril de 2017.
Dicha legislación señala en su artículo 86 que debe haber un fedatario por cada 20 mil habitantes tomando como base los datos del último Censo de Población y Vivienda que haya levantado el Inegi: “el último censo fue en 2010 y en ese año habíamos alrededor de un millón cien mil habitantes correspondiendo hasta 59 notarios; en este caso tenemos entendido que se otorgó hasta la notaría 65, con lo que queda de manifiesto que estos nombramientos están fuera de la legalidad”, detalló Joaquín Abel Hernández Esparza, presidente del Centro de Estudios Notariales. Agregó que debe haber un órgano responsable de garantizar el cumplimiento de esta proporción aritmética, que no existe.
También se pide que los interesados en ejercer el notariado sean abogados de profesión con experiencia en actividades de litigio y contienda en tribunales “y ninguno de los nuevos designados cumple con ese requisito”.
Entre otras irregularidades, destacó la falta de transparencia por parte del gobernador en las designaciones y los criterios de selección, que al tratarse de asuntos de interés público deben ser dados a conocer a la sociedad y que sin embargo se llevan a cabo de manera discrecional para recompensar favores políticos.
Miguel Ángel Breceda Solís, miembro del Colegio de Abogados, agregó que el 95 por ciento de las notarías se han entregado a colaboradores de los gobernadores en turno; mientras tanto, hay 250 solicitudes rezagadas de aspirantes a convertirse en notarios, muchos de los cuales sí cumplen con los requisitos legales, pero se les ha dejado en el limbo ya que las autoridades no han justificado la negativa del fiat notarial de conformidad, como obliga el artículo octavo de la Constitución local: “porque la respuesta permitiría impugnar la negativa y si no responden ya no pueden dar el premio al final de su sexenio”.
Por esta razón, las agrupaciones propondrán al Congreso del Estado, reformas a la Ley Notarial para que haya especificaciones precisas de quienes pueden tener un fiat, entre ellas que los aspirantes presenten examen de oposición y compitan por la notaría.
